El Ayuntamiento de Toledo ha dado un paso importante al aprobar una moción que solicita al Gobierno de España la implementación urgente de nuevas normativas para la explotación del Trasvase Tajo-Segura, así como el cumplimiento de las sentencias relacionadas con los caudales ecológicos. Esta iniciativa fue presentada por el Grupo Popular, que contó con el respaldo de Vox.
La postura del concejal de Medioambiente
Rubén Lozano, concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, subrayó en su intervención que las directrices aprobadas hace más de dos años no se han cumplido, a pesar de las resoluciones del Tribunal Supremo. Criticó lo que considera «contradicciones» dentro del propio Gobierno, haciendo hincapié en los «cambios de postura de diversos responsables políticos, dependiendo del cargo que ocupen.»
Excesos en el trasvase de agua
Lozano también denunció que en 2026 se ha registrado un trasvase excesivo, alcanzando los 180 hectómetros cúbicos, a pesar de las abundantes lluvias. Este hecho lo interpreta como una muestra más del desinterés del Gobierno por cumplir la ley. En este contexto, el concejal hizo un llamado a los grupos políticos para que voten «a favor de Toledo, del Tajo y del respeto a la ley», enfatizando que la moción no busca posicionarse a favor o en contra del trasvase, sino exigir el cumplimiento de las normativas y resoluciones judiciales.
Moción de Vox y críticas del PSOE
La moción del PP fue aprobada con la inclusión de una enmienda de Vox, que solicita al Gobierno de España la elaboración de un Plan Nacional para poner fin a los conflictos hídricos entre regiones y abordar de manera efectiva episodios de sequía y riadas mediante la interconexión de cuencas. Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista, Noelia de la Cruz, criticó al Partido Popular por lo que considera una «grave incoherencia», tras conocer que diputados del PP en Castilla-La Mancha han apoyado propuestas que aseguran el trasvase Tajo-Segura, incluso la vuelta a niveles máximos de trasvase considerados ilegales por el Tribunal Supremo.
Cuestionamientos al PP
Noelia de la Cruz cuestionó la postura del PP, planteando la contradicción entre lo que el partido defiende en Madrid y lo que presenta en el Ayuntamiento de Toledo. «¿Por qué votan una cosa en Madrid y aquí piden justo lo contrario?», planteó. Desde el Grupo Municipal Socialista, se propuso una enmienda a la moción del PP, la cual no tuvo éxito, que buscaba reforzar la defensa de los intereses de Toledo, incluyendo un rechazo claro al trasvase y el cumplimiento de la normativa hídrica vigente.
Intervenciones en el Circo Romano
Con el apoyo de Vox, también se aprobó una moción del PP que insta al Ministerio de Cultura a llevar a cabo intervenciones urgentes para consolidar y proteger la estructura del arco que da acceso al graderío noroeste del Circo Romano de Toledo. La concejala de Cultura, Ana Pérez, criticó la inacción ante esta situación de urgencia, advirtiendo del riesgo «real e inmediato» de colapso de este elemento estructural.
Cambio en la gestión del ‘Quixote Crea’
Además, Vox consiguió la aprobación de una moción que solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cesión del espacio ‘Quixote Crea’ al Ayuntamiento de Toledo para su uso como complejo cultural. Juan Marín, concejal de Vox, criticó que en marzo de 2023 se anunciara su cesión a la Universidad de Castilla-La Mancha para usos académicos y culturales, un acuerdo que, según él, «ha sido ocultado».
Propuesta de enmienda del PP
La moción fue aprobada tras la inclusión de una enmienda transaccional del Grupo Municipal Popular, que solicita a la Junta finalizar las obras y adecuaciones del ‘Quixote Crea’ antes de iniciar los trámites para su cesión al Ayuntamiento, dado que actualmente se encuentra en desuso y en estado de abandono.
Rechazo de las mociones del PSOE
Por otro lado, el PSOE no logró que las dos mociones presentadas en el pleno fuesen aprobadas. Una de ellas proponía medidas extraordinarias de apoyo social, económico y de movilidad ante el deterioro de la situación económica provocada por guerras y conflictos armados, mientras que la otra exigía transparencia y rendición de cuentas sobre los gastos asociados a la Ciudad Europea del Deporte 2025.