La jueza encargada del ‘caso Supercopa’ ha tomado una decisión trascendental al declarar como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA), José María Arrabal, y al gerente Daniel Oviedo. Ambos están bajo sospecha por un posible beneficio ilícito relacionado con las obras de reforma del complejo deportivo.
Investigación y medidas cautelares
Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda, en Madrid, ha autorizado la incautación de «cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos» de los investigados. Esta medida se solicita para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda analizar la información recopilada, según el último informe presentado en la causa.
Acceso a información bancaria
Además, la jueza ha permitido el acceso y análisis del contenido de los servicios de banca online de las entidades bancarias relacionadas con los investigados, con el fin de esclarecer si se obtuvo un «posible beneficio económico obtenido ilícitamente».
Relación con la RFEF y la constructora Gruconsa
La instructora Delia Rodrigo destaca la «participación directa» de Arrabal y Oviedo en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa, en el contexto de las adecuaciones necesarias del estadio sevillano para diversas competiciones deportivas. Se menciona que ambos adquirieron bienes inmuebles poco después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa, en relación con los requisitos que permitieron albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.
Adquisiciones sospechosas
En concreto, Arrabal, junto a su esposa, compró en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros, mientras que Oviedo adquirió una propiedad en Sevilla en noviembre del mismo año por 181.000 euros. La jueza también hace hincapié en que ambos «ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, mayoritariamente vinculadas al sector de la construcción».
Delitos en investigación
La causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, relacionados con posibles retornos económicos irregulares de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa de España masculina de fútbol en dicho país. Estos beneficios podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, así como a otros directivos y colaboradores externos.
Obras bajo sospecha
El auto también menciona que en abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA designó el Estadio La Cartuja como nueva sede para la Eurocopa, reemplazando a Bilbao. Posteriormente, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional de 4.956.000 euros, la cual fue autorizada por la Consejería de Educación y Deportes.
Contratos y adjudicaciones
El 7 de mayo, Arrabal firmó un documento justificando la contratación de obras y servicios vinculados a un convenio de asistencia técnica con la RFEF y la subvención de la Junta. Debido a la «insuficiencia» de recursos, se optó por un concurso para seleccionar empresas capaces de garantizar la correcta ejecución de los trabajos, resultando en la adjudicación de dos expedientes a Gruconsa.
Arrabal firmó el 28 de mayo el acuerdo para iniciar los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva, con costos de 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. El mismo día, Oviedo firmó la memoria justificativa para la licitación de ambos expedientes.
Financiación y responsabilidades
La jueza también señala que las obras de sistemas de control de accesos e iluminación generaron una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, en el marco de sus relaciones con la RFEF. A pesar de que la RFEF asumió el pago de las facturas, en repetidas ocasiones se imputa esta responsabilidad a ECSSA, lo que ha llevado a la jueza a investigar más a fondo las circunstancias que rodean este caso.