Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha expresado su opinión sobre la necesaria reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un marco legal de 1968 que fue modificado en 1978. Según Revorio, esta ley es una de las pocas que permanecen vigentes desde antes de la Constitución y debería establecer un periodo específico para el «levantamiento automático» de los secretos.
La necesidad de una reforma en la ley
En una entrevista concedida a Europa Press, el catedrático abordó la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reformar esta norma, en el contexto de la desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. Revorio considera que es «oportuno y conveniente» llevar a cabo esta modificación, dado que el contexto político actual difiere considerablemente del de hace varias décadas.
El contexto constitucional y la modernización de la ley
A pesar de que la Constitución prevalece sobre todas las leyes preconstitucionales, y por ende, sobre esta norma no existe un problema de «inconstitucionalidad», Revorio argumenta que ya han transcurrido 57 años desde su promulgación y es necesario implementar mejoras que propicien una «legislación más moderna, más actualizada y más alineada con el principio de transparencia».
Propuestas para el levantamiento de secretos
El catedrático sugiere que la reforma debería incluir la modernización de aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y la digitalización, así como establecer un periodo de tiempo para el «levantamiento automático» de los secretos. Actualmente, es el gobierno el que decide qué información se clasifica como secreta y cuándo o si se levanta dicho secreto.
Revorio propone que, como norma general, transcurridos 50 años sin disposiciones contrarias, se proceda al levantamiento del secreto, siempre respetando la capacidad de un gobierno para valorar qué información debe permanecer oculta y por cuánto tiempo.
Un enfoque más democrático
Con estos cambios, se podría lograr una ley «más democrática» en la que se fortalezca el control parlamentario sobre las acciones del gobierno, manteniendo siempre su primacía. Si esta reforma se lleva a cabo de manera consensuada y con la participación de expertos que puedan aportar mejoras, sería considerada como una «buena reforma».
Revorio concluye que una nueva ley no se asemejaría a la de 1968, resaltando que «en una dictadura, el secreto y las facultades del gobierno predominan y son lo más importante, mientras que en una democracia, aunque también existen, están sujetos a principios más relevantes, como la transparencia, el pluralismo político y el control parlamentario».