El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha instado al alcalde de la ciudad a prestar más atención a las demandas de los toledanos en las calles, en lugar de percibir «fantasmas electoralistas» en las manifestaciones que reflejan las necesidades de la ciudadanía.

Críticas al alcalde por su percepción del movimiento vecinal

Fernández ha respondido a las insinuaciones del alcalde sobre el origen del reciente movimiento vecinal que ha surgido en respuesta a la saturación turística que afecta al Casco Histórico. «Izquierda Unida tiene su propia identidad y la defiende, no solo respaldamos la libertad de expresión de los vecinos afectados, sino que también compartimos sus preocupaciones. Por ello, hemos tratado de mejorar la ordenanza turística de la que el alcalde presume», ha señalado en un comunicado de prensa el grupo político.

Defensa de la participación vecinal

<p"Que el alcalde deje de ver fantasmas y deje de buscar logos en las protestas legítimas de los vecinos del Casco. Cuando Izquierda Unida organiza un acto, lo anunciamos y lo comunicamos a las autoridades, no tenemos nada que ocultar y salimos con nuestra bandera”, ha enfatizado Fernández.

Asimismo, el portavoz ha criticado al alcalde por hablar de participación vecinal mientras, al mismo tiempo, intenta desacreditar el movimiento que ha surgido para expresar el descontento por la falta de medidas efectivas que permitan la convivencia entre ciudadanos y turistas. «Se le llena la boca de la palabra participación, pero genera sombras que perjudican a quienes han decidido manifestar su hartazgo», ha comentado.

Acusaciones de manipulación

Fernández también ha rechazado las afirmaciones de Carlos Velázquez, quien acusó a los vecinos del Casco de dejarse manipular. «Esto es una evidencia más de que cuando los toledanos no apoyan lo que él considera logros destacados, simplemente no tienen lugar en la política municipal», ha añadido.

Finalmente, ha concluido que el alcalde perjudica la participación vecinal al no asignar presupuestos participativos a las asociaciones durante su mandato, impidiendo que estas puedan proponer mejoras necesarias para sus barrios y menoscabando así su autonomía crítica cuando deciden alzar la voz en las calles.