Este miércoles, Cáritas y la Fundación Foessa han dado a conocer el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, que revela que el 20% de la población de la región sufre de exclusión social. El estudio identifica la «brecha generacional» como uno de los factores clave que contribuyen a una «sociedad desigual», señalando la vivienda y el empleo como los principales elementos que articulan esta exclusión.

Datos alarmantes sobre la exclusión social

En la rueda de prensa, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García; y la técnica de Foessa, Marina Sánchez, expusieron los hallazgos del informe. Sánchez destacó que la exclusión social ha aumentado, afectando ya a 428.000 personas en Castilla-La Mancha. Esta situación evidencia lo que ella denomina la «gran paradoja castellanomanchega», donde la recuperación del empleo no se traduce en una disminución de la exclusión social.

A pesar de que entre 2018 y 2024 el número de personas con empleo ha crecido un 11,7% en la región, la estabilización de los salarios en términos reales, junto con el elevado costo de la vivienda y la precariedad laboral, han llevado a la conclusión de que «trabajar ya no garantiza la inclusión social». Según el informe de Foessa, aunque el sueldo medio creció un 14% entre 2018 y 2023, el poder adquisitivo real se redujo en un 3,6%.

Retrocesos en la integración social

El informe también señala un retroceso en las condiciones más favorables de integración plena. A pesar de que las dimensiones laborales y de consumo han mejorado, otros aspectos fundamentales como la vivienda, la educación, la salud, los conflictos y el aislamiento social, especialmente la dimensión política, se mantienen «prácticamente estables» o han empeorado.

El sistema es el problema, no las personas

Marina Sánchez enfatizó que «no fallan las personas, falla el sistema», desmitificando la idea de que quienes se encuentran en situación de pobreza son pasivos. «La noción de que dependen de prestaciones sociales sin buscar alternativas o emprender acciones para su inclusión es errónea», subrayó. La mayoría de los hogares en exclusión están activos en la búsqueda de empleo, estudiando o formándose, pero enfrentan barreras estructurales que dificultan su inclusión.

Según Sánchez, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa implementan estrategias de inclusión, pero se encuentran con recursos «escasos y muy poco personalizados», así como con dispositivos fragmentados que no logran satisfacer sus necesidades.

La vivienda como núcleo de la desigualdad

La vivienda se identifica como un «epicentro» de la desigualdad, con un 22% de la población de Castilla-La Mancha expuesta a la exclusión residencial. Sánchez destacó que los precios de compra y alquiler han aumentado «mucho más rápido que los salarios», indicando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda se incrementó un 23%, lo que dista mucho del crecimiento salarial.

El informe también revela que el 47% de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza, lo que se traduce en que 89.000 hogares en la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y suministros que, tras cubrir estos gastos, caen por debajo del umbral de pobreza severa.

Problemas en la cobertura de rentas mínimas

Por otro lado, Marina Sánchez cuestionó el sistema de garantía de ingresos en la región, afirmando que «no está a la altura de las necesidades». Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa. Esta brecha se debe, en parte, a que el 64% de los hogares en pobreza severa no están informados sobre esta ayuda. «La brecha no es solo administrativa, es informativa», puntualizó.

Además, criticó que Castilla-La Mancha se sitúe entre las comunidades autónomas que han utilizado la implementación del IMV para reducir la cobertura y el gasto en su sistema de rentas mínimas.