El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto la importancia del fortalecimiento del municipalismo y de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (Eatim) en la reforma del Estatuto de Autonomía. Este proceso, actualmente en tramitación, cuenta con el respaldo de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados y espera su aprobación definitiva en el Senado como último paso.
Principios y derechos incluidos en la reforma
La nueva normativa incorpora derechos ambientales, sociales, de conectividad digital, así como aspectos relacionados con la igualdad de género y la protección de colectivos vulnerables, alineándose con los estándares europeos. La Junta ha recordado en un comunicado que estas entidades locales, junto a sus ayuntamientos, son para muchos ciudadanos la vía más cercana para acceder a la administración pública.
Intervención del viceconsejero de Administración Local
El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, subrayó esta importancia durante su intervención en la Asamblea de la Asociación de Entidades Locales Autónomas de Castilla-La Mancha y de la Federación Española de Entidades Menores (FEEM), celebrada este fin de semana en Guadalajara. Robles destacó que la reforma del Estatuto de Autonomía, promovida por el Gobierno regional, es una «oportunidad única para actualizar las bases del autogobierno y construir un sistema institucional que se ajuste a los retos actuales».
Además, hizo hincapié en que el reconocimiento a las EATIMs refleja una «voluntad clara de que ningún territorio, por pequeño que sea, debe quedar al margen del progreso y de los derechos de la ciudadanía». En este sentido, el viceconsejero afirmó que esta reforma «no solo mira al presente, sino que sienta las bases para que esta comunidad autónoma enfrente con solidez, justicia territorial y fortaleza institucional los desafíos del siglo XXI».
Reconocimiento y garantías para las EATIMs
Robles destacó que la organización territorial y el papel de las entidades menores son aspectos donde se ha avanzado notablemente, especialmente para la población rural y los pequeños municipios. Hasta ahora, la posición de las EATIMs en el Estatuto era «inexistente o implícita», lo que generaba inseguridad jurídica y desigualdad competencial.
Con la reforma, se plantea un reconocimiento explícito de estas entidades, integrándolas en la organización territorial de Castilla-La Mancha. Esto conlleva «protección institucional, atribución de competencias claras, garantías financieras, participación en estrategias territoriales y el principio de subsidiariedad».
Decisiones a nivel local
El viceconsejero precisó que este último principio implica que «las decisiones se tomen en el nivel más próximo al ciudadano, siempre que sea posible, es decir, en el nivel de la EATIM». En cuanto a las garantías financieras, Robles afirmó que se espera que las EATIMs cuenten con una financiación adecuada, proporcional a sus necesidades y funciones, lo cual es «esencial para su supervivencia y para asegurar servicios básicos en núcleos pequeños».
Asimismo, Robles valoró la importancia estratégica de las entidades menores para la región, afirmando que «el reconocimiento a las EATIMs no es un gesto simbólico, sino una herramienta real para reforzar la identidad local, conservar el patrimonio histórico y comunal, fijar población, mejorar la calidad de vida en pequeñas localidades y equilibrar el territorio». Este respaldo del Ejecutivo autonómico a las entidades menores representa un gran «avance estructural y de largo alcance».
Cohesión territorial y nuevos desafíos
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se perfila como uno de los proyectos institucionales más significativos para el futuro de la Comunidad Autónoma. El reconocimiento de las EATIMs se considera un «elemento clave para garantizar la cohesión territorial y el equilibrio institucional», añadió el viceconsejero.
Eusebio Robles también hizo mención a varios de los nuevos desafíos regionales que no se contemplaban en 1982, tales como la despoblación, el envejecimiento, la digitalización, la emergencia climática y la sostenibilidad, además de la necesidad de mayor transparencia institucional. Otros objetivos de la reforma incluyen la mejora de la calidad democrática, el acceso a la información y la participación ciudadana.