El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento, ha dado inicio al proceso de consulta pública previa para la creación del anteproyecto de la Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa busca recoger las opiniones de la ciudadanía, así como de entidades y profesionales, sobre los principios y contenidos que deberían incluirse en esta futura normativa.
Detalles de la consulta pública
La consulta está disponible en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha: Consulta pública previa. Estará abierta hasta el 18 de diciembre y permitirá a los participantes presentar sugerencias sobre aspectos fundamentales, como la organización del Sistema Cartográfico Regional, la interoperabilidad de datos geográficos, la protección del patrimonio cartográfico y el acceso a la información geoespacial, según ha comunicado la Junta en un comunicado de prensa.
Objetivos de la futura Ley de Información Geográfica
El objetivo de la futura Ley de Información Geográfica es establecer un marco normativo que garantice la calidad, actualización y disponibilidad de los datos geográficos. Estos datos son cruciales para la ordenación del territorio, la gestión de infraestructuras, la protección del medio ambiente y la toma de decisiones tanto públicas como privadas.
Declaraciones del director del Centro Cartográfico
Daniel Corredor, director del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha, ha afirmado que «la futura Ley de Información Geográfica pretende consolidar un marco normativo que asegure la calidad, actualización y disponibilidad de los datos geográficos, esenciales para la ordenación del territorio, la gestión de infraestructuras, la protección del medio ambiente y la toma de decisiones públicas y privadas».
Compromiso con la participación ciudadana
Corredor también ha subrayado que «con este proceso, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la transparencia y la gobernanza participativa, invitando a la sociedad a contribuir en la definición de una norma que será estratégica para el desarrollo sostenible, la digitalización y la modernización administrativa».
Una vez concluido el periodo de consulta, se procederá al análisis de las aportaciones recibidas para incorporarlas al anteproyecto de ley, el cual será sometido a los trámites de audiencia e información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.