El Ayuntamiento de Toledo solicita la suspensión del plazo para presentar alegaciones sobre la distribución de los Fondos EDIL, donde la ciudad no recibió fondos. El alcalde, Carlos Velázquez, envió una carta a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda pidiendo esta suspensión hasta que se proporcionen los datos necesarios.

Revisión de la asignación y alegaciones del Ayuntamiento

El Consistorio toledano solicita la revisión de la propuesta de resolución provisional del Ministerio, pidiendo que se aplique un reparto proporcional de los fondos disponibles entre los planes que superaron los 50 puntos, categoría en la que se encuentra la ciudad. Según las bases, este reparto debe ser equitativo y considerar el presupuesto disponible en cada región, el equilibrio provincial y la realidad municipal.

El Ayuntamiento detalla que, según las bases, a los planes que superaron los 50 puntos se les asignará la cantidad necesaria para cubrir el presupuesto máximo de gasto. En caso de no haber suficientes fondos, se aplicará un prorrateo entre los planes seleccionados. En el caso de Toledo, la inversión pública debería ser de 11.441.056 euros, con una senda financiera de 9.724.897,60 euros.

Distribución proporcional y reclamaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento menciona la propuesta de resolución provisional publicada en el BOE del 3 de octubre de 2025, donde se garantiza un mínimo del 70% de financiación para todos los planes seleccionados. Sin embargo, señalan que Toledo no recibió fondos mientras otras ciudades como Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina sí lo hicieron.

El Consistorio también explica que solicitó información sobre las puntuaciones globales de los proyectos presentados, pero no obtuvo respuesta. Consideran que se incumple la Ley de Subvenciones al no proporcionar la información necesaria para realizar alegaciones precisas.

Criterios de valoración y controversias

El Ayuntamiento critica la introducción de criterios de valoración no previstos en las bases reguladoras, como la garantía del 70% de financiación para los planes seleccionados. Consideran que esto afecta el resultado de la concesión de las ayudas y va en contra de lo establecido en las normativas.