El Gobierno de Castilla-La Mancha, respecto a las críticas de la Generalitat Valenciana, que denuncia presiones de este Ejecutivo regional para frenar el trasvase Tajo-Segura, ha defendido que la presión la ejercen para «cumplir la ley».
Así ha reaccionado la consejera portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa sobre las declaraciones del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que ha denunciado este miércoles la «presión política» que ejerce el Gobierno de Castilla-La Mancha para «frenar» el trasvase del Tajo-Segura, exigiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes.
El Gobierno de García-Page está «presionando» para que se cumpla la ley y «eso es exactamente lo que deberían hacer todas las administraciones públicas, respetar y aplicar las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a garantizar los caudales ecológicos del Tajo», ha afirmado Padilla.
La Junta se mantendrá firme en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de legalidad, equidad y sostenibilidad, tal y como ha subrayado su portavoz, quien ha incidido en que la posición del Ejecutivo regional «es la del cumplimiento de la ley, de las sentencias del Tribunal Supremo y de las directivas europeas».
Padilla ha instado a Barrachina a actuar con la misma responsabilidad institucional que el Gobierno de Castilla-La Mancha. «El presidente García-Page defiende que se cumpla el Plan Hidrológico aprobado y vigente, que exige la modificación de las reglas de explotación para garantizar el caudal mínimo del río Tajo», tras insistir en que es una «necesidad urgente que no admite más demoras».