CCOO se reunirá el próximo miércoles, 19 de marzo, con representantes de la Consejería de Bienestar Social para abordar cómo va a actuar respecto a la Orden de Concierto Social para la gestión del acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya determinado que la Junta «incumple» el convenio colectivo de los trabajadores de estos centros.

Así lo ha adelantado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Ana Delgado, en la concentración convocada por este sindicato y UGT, en repulsa por el asesinato de una educadora en un piso destinado a menores con medidas judiciales en Badajoz.

La representante de CCOO ha señalado que está previsto que se reúnan previsiblemente con la directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social, Inmaculada Tello.

Pide CCOO que la Administración regional respete el convenio de aplicación en «condiciones económicas y laborales» de los profesionales dentro de la orden de menores de Castilla-La Mancha.

«Una vez conocida esa resolución por parte del Tribunal, queremos saber cómo va a actuar en este caso la Consejería de Bienestar Social, porque –las ratios y retribuciones– están reguladas en convenio colectivo», ha afirmado Delgado.

RECURSO DE CCOO

El Tribunal de Recursos Contractuales «ha dado la razón» a CCOO después de que este sindicato haya presentado un recurso «por no respetar la legislación vigente y las directivas europeas» en este convenio.

«Exigimos la aplicación del convenio sectorial en los contratos de la Administración pública. Esto significa una subida salarial del 35% para los trabajadores de protección y del 20% en centros de medidas judiciales de régimen abierto», ha demandado.

Además, otro aspecto que supone incumplimiento se refiere a la ratio, «porque un auxiliar no puede quedarse solo en un centro» y la contratación que se viene haciendo de esta manera en esta categoría «para reducir costes».

A juicio de Delgado, no se puede permitir la precariedad «en un sector tan protegido como es el del menor», pidiendo cualificación y titulación universitaria a estos trabajadores y después, dejándoles «solos».

En la región hay 550 trabajadores repartidos en 60 centros y de ellos, unos 150 se localizan en Toledo repartidos en 12 centros. CCOO tiene el 60 por ciento de la representación en este sector, según ha señalado Ana Delgado.

Todo el decreto de conciertos de menores «viene regulado para que el cumplimiento del convenio colectivo lo tengan que llevar las empresas», ha afirmado la representante de CCOO, que ha apremiado a la Junta a poner en marcha medidas «para que las empresas que no lo cumplen tengan una sanción y no se puedan presentar a esas licitaciones».

Del lado de UGT, Estrella Fernández ha afirmado que se trata de «un tema tan sensible, tan importante», que desde el sindicato se muestran dispuestos a escuchar «cualquier forma de mecanismo que la administración ponga a disposición para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y de atención».

«Lo importante es que esto se resuelva, más allá de cómo se haga, pero también es importante el cómo. Aunque la gestión está externalizada, hay una parte de responsabilidad en cómo se ejecuta», ha afirmado Fernández, poniendo el foco de responsabilidad en la Junta.

«No es sólo responsabilidad de la empresa que gestiona, sino que hay una responsabilidad por que se trata de infancia y adolescencia y que los trabajadores están haciendo una labor que es de la Administración», ha aseverado.