La propuesta de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Toledo ha sido finalmente rechazada por la Comisión de Transportes del Ayuntamiento. Este rechazo se produce tras la oposición unánime de PSOE, IU-Podemos y Vox, quienes se mostraron en desacuerdo con la postura del Partido Popular, que intentó avanzar con la regulación.

Reacciones del PSOE ante el rechazo de la ordenanza

Desde el Grupo Municipal Socialista, los concejales expresaron su preocupación por la decisión del alcalde, Carlos Velázquez, y del Partido Popular. En un comunicado, señalaron que esta acción pone en peligro los fondos europeos que ya estaban asignados al Ayuntamiento de Toledo, advirtiendo que, debido a una mala planificación, la ciudad podría perder dichos recursos.

Además, los socialistas criticaron que la ordenanza carece de una verdadera visión de movilidad, afirmando que solo busca recaudar fondos y que impone restricciones sin ofrecer alternativas de transporte público. Francisco Rueda, concejal socialista, sostuvo que el proyecto es «una ordenanza fake», ya que no logrará los objetivos que se plantea y carga injustamente sobre el Casco Histórico.

Las críticas de Vox a la normativa

Por su parte, Vox, representado por la presidenta del Grupo Municipal y vicealcaldesa, Inés Cañizares, también se opuso al proyecto. Cañizares argumentó que establecer una ZBE en una ciudad que no presenta problemas de contaminación es ilógico. «Los ciudadanos no comprenden por qué se limitaría su movilidad», afirmó, reiterando su rechazo a la ordenanza en nombre de los principios y la responsabilidad que tienen hacia sus votantes.

La vicealcaldesa subrayó que, aunque forman parte del equipo de Gobierno, mantienen una postura diferenciada y continuarán defendiendo la libertad de movilidad en Toledo, independientemente de su situación política.

La postura del PP y sus críticas a la oposición

Desde el Partido Popular, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, criticó la «actitud irresponsable» de los grupos opositores, especialmente Vox, tras su rechazo a la ordenanza. Jiménez manifestó su malestar, señalando que esta normativa es obligatoria y necesaria para mantener subvenciones tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea.

El concejal ‘popular’ calificó la situación de «triste» y lamentó el escaso compromiso de algunos partidos políticos con la responsabilidad institucional, haciendo un llamado a la colaboración para abordar la movilidad en Toledo de manera efectiva.