La Plataforma de Toledo por una Vivienda ha tomado la iniciativa de recolectar 60 firmas para solicitar a Gicaman la retirada de las demandas de desahucio por impago de alquiler contra los vecinos de Yedra 8. Este proceso involucra un total de 70 alzamientos, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad.
Reclamaciones de la plataforma
Orlando Lumbreras, representante de la plataforma, ha exigido la implementación de un plan de pagos para aquellos vecinos que desean cumplir con sus obligaciones de alquiler, aunque solo puedan abonar una parte. «Los vecinos que sí quieren pagar plantean que abonarán lo que puedan», ha reiterado Lumbreras.
El representante ha manifestado que «así no se puede vivir» y ha instado a la Consejería de Fomento a establecer un diálogo. «Queríamos hablar con el delegado provincial de Fomento para que se paren los alzamientos, porque ya están empezando a echar a la gente», ha señalado.
Malestar en la comunidad
Lumbreras ha destacado el «malestar» que se genera en estas viviendas, criticando que la respuesta de Gicaman sea la expulsión de los vecinos, afectando especialmente a aquellos que desean cumplir con sus pagos. «Nuestra propuesta es simplemente que lo paren, hablar y hacer un plan de pagos», ha enfatizado.
Desde la plataforma atribuyen la reciente dureza en la ejecución de los alzamientos a la llegada de un nuevo gerente a Gicaman. Además, argumentan que los ciudadanos no deberían destinar más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de la vivienda.
Protestas de los vecinos
El pasado 6 de octubre, los residentes de estas viviendas se manifestaron frente a los juzgados de Toledo para expresar su desacuerdo ante la situación de desahucios que enfrentan por el impago de alquileres.
Respuesta de la Consejería de Fomento
Fuentes de la Consejería de Fomento han declarado a Europa Press que, de las 148 viviendas, solo 13 están al corriente de pago, mientras que 92 contratos acumulan una deuda media de 33.000 euros. Asimismo, han indicado que ya existe sobre la mesa una propuesta de plan de pagos que ha sido aceptada por un número limitado de vecinos.
Gicaman inició en 2022 entrevistas individuales con los inquilinos de las 148 Viviendas de Protección Oficial, ofreciendo una reducción del 50% en el recibo mensual, siempre que accedieran a pagar la deuda acumulada a lo largo de los años. Se ha informado que algunos inquilinos han tenido deuda desde el mismo momento de la adjudicación de sus viviendas.
Sin embargo, la Junta ha señalado que «esta propuesta fue aceptada por un número muy limitado de arrendatarios», principalmente aquellos que no tenían deudas o poseían deudas muy bajas, para beneficiarse de la rebaja del 50% en el recibo.
Datos sobre la situación económica de los inquilinos
El Gobierno regional ha especificado que la deuda total de la promoción asciende a 3,1 millones de euros, y la renta media de alquiler es de 297 euros al mes. Desde 2015, el Gobierno regional ha invertido más de un millón de euros en mejorar estas viviendas, con un total de 558 intervenciones en áreas comunes y 470 mejoras en las propias viviendas.