El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha mostrado contrario a aumentar el gasto militar en defensa, considerando que si los países se rearman generan una situación de «espiral de guerra» que lleva a una «mala salida».

A preguntas de los medios en un acto en Toledo acompañado por el coordinador regional de IU, Pedro Mellado, ha afirmado que «no es hora de rearme ni es hora del aumento de gasto militar», una opinión que coincide «con el sentir mayoritario de la sociedad española», que lo expresó en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en un 50,3 por ciento.

Independientemente de la aritmética que se sustancie en el Congreso de los Diputados, ha señalado Maíllo, la formación de izquierdas siente que está conectada «con amplias capas de la sociedad española» al hilo de esta opinión.

Por ello, ha abogado por promover una «movilización por la paz», una iniciativa que llevará a IU a desplegarse en todo el país para encontrarse con «organizaciones de corte pacifista, otras organizaciones de izquierdas y sindicatos» y exponerles la necesidad de movilizarse en favor «de una alternativa de paz», en definitiva, de seguridad.

Propondrán reuniones en las comunidades autónomas y elaborarán un manifiesto que IU presentará esta semana para que se adhieran las organizaciones que lo consideren.

Sus propuestas pasan por «la búsqueda de un sistema de seguridad europeo que dé certidumbre y paz a la sociedad europea» y «un alto el fuego, que permita apertura de un diálogo en el que tienen que estar Rusia y Ucrania y en el que tienen que estar también Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como tutor».

GANARÁN EL DEBATE

Una postura «que conecta con un sentir mayoritario de la sociedad española», ha afirmado Maíllo, convencido de que, sobre ese escenario, ganarán el debate sobre el gasto militar.

«A pesar de que todo el sistema está empujando a la necesidad artificial de la inversión multimillonaria de gastos militares, que se detraerían de gastos sociales, estamos hablando de un debate que acaba de empezar y que, por tanto, va a tener mucho recorrido tanto en el Congreso como en el Gobierno como en la propia sociedad española», ha augurado.

Asimismo, ha señalado que «España no tiene nada que hacer en alianzas con países de la Unión Europea que solamente están ocupados por fuerzas de la derecha y de la extrema derecha». «No se puede decir que se combate a la extrema derecha, pero aliarse con gobiernos en los que forma parte la extrema derecha en la misma política de defensa o de espiral de gastos militares».

DECIDIR CUÁNTO SE HA GASTADO

En el debate de aumentar el gasto en defensa al 2 por ciento, Maíllo considera «muy importante decidir cuánto se ha gastado ya respecto al PIB», porque aunque «oficialmente la cifra es del 1,28%, hay centros de investigación de estudios, como el Centro Catalán de Estudios de la Paz y de Gasto Militar, que establece que ya está el 2% del PIB».

«Si es sobre la cantidad del 1,28%, si tuviera que conseguirse el 2% supondría unos 14.000 millones que, para que nos hagamos idea, sería como cuatro años la inversión que se hace en el Ingreso Mínimo Vital», ha cuantificado.

Así, ha añadido que si fuera el 5% del PIB, defendido por Donald Trump y «que implícitamente ha aceptado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen», ya se trataría de 59.000 millones de euros de más, «una cantidad absolutamente insostenible para los retos de avance de derechos en España».

ACUERDO PSOE-JUNTS

Preguntado por la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para delegar a Cataluña parte de las competencias de inmigración aceptada este martes por la Mesa del Congreso en su tramitación, ha señalado que si ambos partidos quieren que salga adelante «tendrá que ser negociada con el resto» de formaciones en la Cámara Baja.

Ha señalado que la transferencia de competencias en materia de inmigración «no son ni mucho menos negativas» y «pueden ser positivas porque son una reclamación de las organizaciones que ayudan al refugiado y a los migrantes, en la medida en que las administraciones más cercanas pueden agilizar determinados trámites» como la entrega de documentación de identidad o la agilización de determinados trámites de autorización.

La centralización de competencias «viene bien», ha defendido Maíllo, que ha señalado que Izquierda Unida lo ve «desde un punto de vista federal», de tal manera que «no solo para sea para Cataluña, sino para todo el país».

Sin embargo, no comparten otros elementos de la propuesta que tienen mucho que ver con la gestión de la política de frontera, «un brindis al sol», ha considerado, ya que no hay competencias de los gobiernos autonómicos que la permitan.

En esta propuesta legislativa de PSOE y Junts, Maíllo ha pedido «la aclaración de dudas técnicas», poniendo como ejemplo que si a un inmigrante le dan un permiso en una comunidad autónoma «eso no significa que lo sea para el resto de las comunidades».

En todo caso, ha optado por «cambiar el marco de discusión y de debate de la migración» y no plantearlo «como una cuestión de orden público, sino una cuestión de potencialidad social». «Los migrantes, las migrantes aportan mucho a la economía de nuestro país y, desde esa perspectiva, no compartimos la visión de Junts, que siempre lo circunscribe al marco de la extrema derecha de autorizaciones, fronteras, permisos y control», ha concluido.