La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene programado para el miércoles 25 de este mes un juicio contra L.M.P.T., quien enfrenta la acusación de un delito de utilización de menores con fines pornográficos en su modalidad agravada, dado que la víctima era menor de 16 años. El Ministerio Público ha solicitado una pena de ocho años de prisión para el acusado.

Detalles del caso

De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado contactó a la menor el 22 de agosto de 2019 a través de la red social Instagram, utilizando el teléfono móvil que tenía a su nombre. En ese momento, la víctima solo tenía 12 años, información que el acusado conocía.

Manipulación y abuso

Durante sus interacciones, el hombre se hizo pasar por un joven de 19 años, con el fin de que la menor creyera que mantenían una relación sentimental. A lo largo de la conversación, el acusado, de manera insistente y manipuladora, solicitó a la menor fotografías de contenido sexual.

La menor, presionada por estas solicitudes, llegó a enviar un total de 34 archivos, en su mayoría mostrando diversas partes de su cuerpo desnudo, incluidos los glúteos, el pubis y los pechos, e incluso desnudos completos. Las conversaciones se extendieron hasta el 2 de septiembre de 2019, período en el cual el acusado continuó pidiendo fotografías y videos de carácter sexual, amenazando con romper la relación que había hecho creer a la menor que existía entre ellos.

Intervención de la madre y denuncia

Durante ese tiempo, el acusado también programó encuentros sexuales con la menor que nunca se llevaron a cabo. Estas conversaciones fueron interceptadas por la madre de la menor, quien puso fin a la situación y denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Penas solicitadas

El Fiscal ha solicitado, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de A. y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 10 años. También se ha pedido la imposición de una medida de libertad vigilada de ocho años, que se cumpliría tras la pena privativa de libertad, así como la inhabilitación especial para profesiones o oficios que impliquen contacto regular y directo con menores durante 12 años. Además, el acusado deberá indemnizar a la menor con 3.000 euros por daños morales.