Las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa de Función Pública han hecho un llamado a todos los empleados públicos para que se unan a la movilización prevista para este jueves, 26 de marzo, a las 11:00 horas, en la sede de la Dirección General de Función Pública en Toledo, ubicada en la avenida de Portugal.
Rechazo a la modificación del artículo 121
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su «más absoluto rechazo» a la medida propuesta por el Gobierno regional, que busca impedir que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración. Esta decisión limitaría sus oportunidades de hacer méritos para promocionar mediante procesos selectivos, cerrando así la puerta a una carrera administrativa alternativa.
Desde CSIF señalan que esta situación se da en una comunidad autónoma donde, tras 15 años, aún no se ha desarrollado la Ley de Empleo Público que aborde la carrera profesional de los empleados, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. En este contexto, el sindicato ha decidido levantarse de la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración General en señal de protesta, advirtiendo que este cambio implica la eliminación de un derecho consolidado que favorece la movilidad y la estabilidad laboral dentro de la Administración.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para modificar el artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, con intención de aprobarla este jueves, 26 de marzo, aprovechando su mayoría absoluta en las Cortes. CSIF califica esta acción como un «ataque directo» a la carrera administrativa de miles de trabajadores, ya que eliminaría el segundo párrafo del mencionado artículo, que permitía la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público mientras ocupaban puestos de interinidad o temporales en otros cuerpos o categorías.
Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha calificado esta medida como «un evidente retroceso en derechos». Además, ha manifestado que «no es aceptable que se utilice la vía de urgencia en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para despojar a los empleados de un derecho que funcionaba con normalidad». Sánchez ha enfatizado la gravedad de la decisión en un momento clave, con varios procesos selectivos en curso, lo que pone de manifiesto la intención del Gobierno de limitar un derecho histórico justo antes de que cientos de personas puedan ejercerlo tras obtener sus nuevas plazas.
Como ejemplo de las repercusiones de este recorte, Sánchez ha explicado que «el personal funcionario que ya tiene su plaza fija y desea trabajar temporalmente en un cuerpo superior para hacer méritos y ganar experiencia se verá impedido de solicitar la excedencia, afectando su promoción profesional». Por ello, CSIF exige la retirada inmediata de esta enmienda y el mantenimiento de la redacción actual del artículo 121.
UGT denuncia desprecio hacia los empleados públicos
Por su parte, UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha también abandonó la Mesa Sectorial de Personal Funcionario en protesta ante lo que consideran una situación «inaceptable» y un «desprecio absoluto» hacia los empleados públicos de la región. El sindicato ha denunciado que la Administración ha sustituido el diálogo por un modelo de «imposición», donde las decisiones se toman sin considerar a la representación sindical.
Conflictos en la oferta de plazas
Uno de los puntos más conflictivos, según UGT, es la negativa de la Administración a ofertar todas las plazas vacantes al personal de nuevo ingreso. Para el sindicato, esta decisión no solo limita el acceso al empleo público, sino que genera situaciones de injusticia: «opositores con excelentes calificaciones se ven obligados a aceptar destinos lejanos, mientras hay plazas disponibles en sus localidades que quedan reservadas de forma opaca».
Modificación del artículo 121 como retroceso
UGT ha criticado con firmeza la modificación del artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público. Esta reforma, que se impulsa a través del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, eliminaría el derecho a solicitar excedencia voluntaria por prestación de servicios al acceder a otro cuerpo o escala, afectando a todos los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
El sindicato ha calificado esta decisión como unilateral y desleal, argumentando que se ha tramitado sin la debida información y constituye un retroceso intolerable en las condiciones laborales que el Gobierno regional debe garantizar.