Las organizaciones sindicales que participan en la Mesa de Función Pública han convocado a todos los empleados públicos a una movilización programada para el próximo jueves 26 de marzo a las 11:00 horas, frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Toledo, ubicada en la avenida de Portugal.
Rechazo a la modificación de la ley de empleo público
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su «más absoluto rechazo» a la intención del Gobierno regional de restringir el acceso de los empleados públicos a la excedencia por prestación de servicios en la Administración. Esta medida limitaría la posibilidad de acumular méritos para promociones a través de procesos selectivos, impidiendo así el desarrollo de una carrera administrativa alternativa.
En su nota de prensa, CSIF destaca que en Castilla-La Mancha, después de 15 años, aún no se ha concretado la Ley de Empleo Público que regularía la carrera profesional de los empleados públicos, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas.
Protesta en la Mesa Sectorial
Este lunes, CSIF abandonó la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración General de la comunidad autónoma como forma de protesta. El sindicato advierte que este cambio legislativo anula un derecho consolidado que favorece la movilidad y la estabilidad laboral en la Administración.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda destinada a modificar el artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que se espera aprobar el mismo jueves 26 de marzo, aprovechando su mayoría absoluta en las Cortes.
Consecuencias de la enmienda
CSIF señala que esta modificación representa un «ataque directo» a la carrera administrativa de miles de trabajadores, ya que eliminaría el segundo párrafo del artículo mencionado, que permitía hasta ahora que los funcionarios de carrera pudieran solicitar la excedencia voluntaria para trabajar en el sector público en puestos interinos o temporales en otros cuerpos o escalas.
Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, enfatiza que se trata de «un evidente retroceso en derechos». Critica que se utilice la vía de urgencia para aprobar un proyecto que elimina un derecho que funcionaba con normalidad, especialmente en un momento crítico, con numerosos procesos selectivos pendientes.
Como ejemplo, Sánchez explica que los funcionarios con plaza fija que desean trabajar temporalmente en un cuerpo superior para acumular experiencia y méritos se verán impedidos de solicitar la excedencia, obstaculizando así su promoción profesional.
CSIF exige al Gobierno regional y al Grupo Socialista la retirada inmediata de la enmienda y el mantenimiento del texto actual del artículo 121.
UGT denuncia desprecio hacia los empleados públicos
Por su parte, UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha también ha abandonado la Mesa Sectorial de Personal Funcionario en señal de protesta, calificando la situación de «inaceptable» y de «desprecio absoluto» hacia los empleados públicos de la región.
El sindicato critica que la Administración ha sustituido la negociación real por un modelo de «imposición», donde las decisiones se toman sin tener en cuenta a la representación sindical. Uno de los principales puntos de conflicto es la negativa de la Administración a ofertar todas las plazas vacantes al personal de nuevo ingreso.
Injusticias en el acceso al empleo público
UGT argumenta que esta decisión no solo limita el acceso al empleo público, sino que genera profundas injusticias. Afirma que opositores con excelentes calificaciones se ven obligados a aceptar destinos lejanos de sus hogares, mientras hay plazas vacantes en sus localidades que permanecen reservadas de manera opaca.
Modificación unilatera y desleal de derechos laborales
Además, UGT critica con dureza la modificación del artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público. Esta reforma, que se impulsa mediante el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, eliminaría el derecho a solicitar excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público al acceder a otros cuerpos o escalas, afectando a todos los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
La organización sindical califica esta decisión de unilateral y desleal, tramitada sin la debida información previa, y considera que constituye un retroceso intolerable en las condiciones laborales de los empleados del sector público.