​El Gobierno de Castilla-La Mancha firmará en noviembre con sindicatos y empresarios el nuevo Pacto ‘Castilla-La Mancha Horizonte 2030’ que movilizará 12.500 millones de euros hasta 2030 para generar empleo, actividad económica y ayuda a las empresas.

Un anuncio que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha hecho durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra este martes y miércoles en las Cortes regionales.

Ha sido en este marco, donde también García-Page ha adelantado que en el ámbito de la empresa –en el 2025– su gobierno aprobará una nueva ley de inversiones empresariales estratégicas que va a simplificar el procedimiento de la ley de proyectos prioritarios y va a facilitar en acompañamiento la generación y la implantación de nuevas empresas.

En esta materia de anuncios económicos –un total de 32– que tiene seleccionados y que, según ha bromeado, no sabe si dirá todos, ha planteado una tarifa plana para autónomos en el 2025.

«Estamos hablando de casi 10 millones de euros y que va a plantear unas condiciones muy ventajosas que queremos desarrollar con el sector y las organizaciones representativas a lo largo del próximo año», ha subrayado el presidente autonómico desde la tribuna.

COMPROMISO PARA EXHIBIR

Según ha dicho, éste es un compromiso que le apetece «mucho exhibir», que ha llevado tiempo planificar y sobre todo encajar desde el punto de vista económico y presupuestario a su gobierno.

En materia de salud y seguridad laboral, en el 2025, también verá a la luz el nuevo instrumento de común acuerdo con empresarios y sindicatos para la mejora de la seguridad y la salud laboral.

«Tenemos que definir exactamente bien cuál es el concepto –el inicial– y en el que debe derivar y evolucionar, pero el objetivo es que empresarios y sindicatos se impliquen de manera estructural, casi diría, en la arquitectura de la estrategia de prevención y mejora en la seguridad y salud laboral», ha aseverado García-Page.

Esto, según ha hecho hincapié, es objetivo de todos de los empresarios y de los sindicatos pero el Gobierno «no da un paso atrás mirando para otro lado o echando las culpas», ha apostillado.