​La Sección Segunda de la Audiencia Provincia del Toledo va a acoger el próximo martes, 2 de julio, el juicio contra D.J.D.S., que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel por un presunto delito de tráfico de drogas.

Según indica el Ministerio Fiscal en su señalamiento, el 19 de mayo de 2022, sobre las 20.45 horas , agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en un bar de Talavera de la Reina, al tener fundadas sospechas de que la persona que se encontraba encargada del mismo se dedicaba a traficar con sustancias estupefacientes, al haber recibido información en ese sentido.

Accedieron al mismo, identificándose como agentes policiales, procediendo, en presencia del acusado, a intervenir en el interior de la caja registradora dos envoltorios de plástico termosellados con 1,62 gramos de cocaína en su interior, así como 75 euros, y una báscula de precisión en un cajón situado debajo de la caja registradora.

Igualmente, los agentes se incautaron del interior de un botiquín situado en un mueble del salón del establecimiento una bolsa de plástico que contenía 31,42 gramos de cocaína y otra báscula de precisión con restos de sustancia blanca.

La sustancia estupefaciente intervenida estaba destinada a su ilícita distribución, y alcanzó un peso de 1,62 gramos de cocaína, con una riqueza media de 79,28 gramos expresada en sustancia base y un valor en el mercado ilícito de la droga de 168,30 euros, y 31,41 gramos de cocaína con una riqueza media expresada en sustancia base de 82,31 y un valor en, el mercado ilícito de 3.387,94 euros, así como 610 euros en el interior de un bolso situado tras la barra del local.

El fiscal considera que la droga intervenida y las básculas ocupadas se utilizaban para elaborar papelinas de cocaína y su posterior venta, y que el dinero ocupado procedía de la ilícita actividad desarrollada por el acusado.

De ahí que mantenga que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, y procede imponerle la penas de cinco años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 10.668,72, con 30 días de responsabilidad subsidiaria en caso de impago de la misma. También le impone el abono de las costas procesales.