La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), a la que pertenece la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha (Asofacam), ha instado a la Junta a cumplir el compromiso al que llegó en 2022, junto al resto de comunidades autónomas y el Gobierno central, para que todos los menores tutelados de menos de 6 años vivan en una familia de acogida antes de que acabe 2025.

En un comunicado, ambas asociaciones indican que, según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado hace unos días por el Ministerio de Juventud e Infancia, en Castilla-La Mancha hay todavía 27 niños y niñas viviendo en centros tutelados.

Para Aseaf y Asofacam, las administraciones deben adoptar medidas urgentes para cumplir este compromiso acordado en mayo de 2022, ha incidido la directora general de Aseaf, Helena Escalada, quien recuerda que «la ley recoge que el acogimiento familiar debe prevalecer en todo momento, pero especialmente para los menores de seis años».

En Castilla-La Mancha, según este informe, hay 16 bebés de 0 a 3 años creciendo en centros residenciales; y once de 4 a 6 años. «Para que la Junta pueda cumplir el objetivo de que no haya menores de 6 años en residencias, es fundamental que impulse el acogimiento familiar, especialmente, el de urgencia», ha subrayado de su lado la presidenta de Asofacam, Dioni Segovia, quien señala que, para ello, deben modificar la regulación actual.

Según esta entidad, cuando estos niños son acogidos de urgencia por familias que están dispuestas a cuidarles durante máximo seis meses, porque así lo dice la ley, se encuentran con que no se cumple este plazo, pero tampoco se les permite adoptarlos.

«En Castilla-La Mancha se están produciendo situaciones en las que se anteponen los protocolos administrativos frente al interés superior del niño, al no permitir que la familia de acogida pueda pasar a ser adoptante», apuntan desde esta asociación, y señalan que «hay numerosos casos de bebés que llevan viviendo con estas familias incluso hasta los 4 años de edad y que, de repente, pasan a ser adoptados por una familia totalmente desconocida porque a ellas no se les permite adoptarlos».

Según Aseaf, esta posibilidad ya ocurre en otras regiones y en muchos otros países de Europa. «Sabemos que muchas personas quieren acoger de urgencia a estos bebés, pero al no cumplirse los plazos, se producen situaciones terribles para esos niños que hacen que muchas familias dejen de acoger», apunta Escalada, quien cree que «el problema se solucionaría modificando la regulación» para que se priorice siempre el interés superior del niño en la toma de decisiones.

Además, estas dos asociaciones piden más facilidades para este tipo de acogimiento, ya que las familias que acogen a estos bebés –y que se dedican exclusivamente a su cuidado– son excluidas del sistema de cotización. «Es necesario incorporar a la Seguridad Social a estas familias que hacen este acogimiento de urgencia, tal y como ocurre con las familias que tienen personas dependientes a su cargo», señalan desde Aseaf, asociación que defiende los intereses de más de dos mil familias de acogida en España y Castilla-La Mancha.

El otro compromiso al que llegó la Junta de Castilla-La Mancha con el resto de comunidades autónoma y Gobierno central fue el de reducir a cero el número de niños y niñas menores de 10 años en centros de acogida en 2031 y, sin embargo, «todavía hay 47 niños y niñas de esa edad creciendo sin una familia», recuerdan desde Asofacam.

Según este informe, a 31 de diciembre de 2023, en la región había en total 652 niños y niñas tutelados por la Junta viviendo en una familia, mientras que 422 esperaban en un centro de acogida a tener la misma suerte, un número que afortunadamente ha disminuido respecto al último estudio, cuando había 447 jóvenes.

Desde Aseaf se preguntan por qué crece el número de familias dispuestas a acoger, pero disminuye el número de niños y niñas acogidos en familia. «Han pasado 10 años desde que nuestro país aprobó la Ley del Sistema de Protección y apenas ha habido avances en este sentido», apuntan desde Aseaf, y recuerdan que «el derecho a crecer en familia es un derecho reconocido por la ONU y el Defensor del Pueblo».