La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha reclamado a los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina que aceleren la implantación de sus zonas de bajas emisiones (ZBE). Ambas ciudades figuraban, a 31 de marzo de 2025, entre los municipios fiscalizados que aún no contaban con una zona plenamente vigente.
El informe, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, señala que los proyectos de Toledo y Talavera se encontraban en fases preliminares de elaboración o tramitación. La Cámara considera que esta situación supone un «incumplimiento directo de una obligación legal», según recoge el documento.
Toledo y Talavera, sin una ZBE operativa
La fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y otros organismos de control externo concluye que el despliegue de estas áreas presenta un desarrollo insuficiente y desigual en Castilla-La Mancha. De los seis municipios analizados, solo Guadalajara había puesto en marcha una ZBE en la fecha examinada, aunque después del plazo legal fijado en el 1 de enero de 2023.
En el caso de Toledo y Talavera, las adjudicaciones vinculadas a los trabajos técnicos no se habían traducido todavía en un nivel equivalente de ejecución material. Por ello, el órgano fiscalizador pide mejorar la conexión entre la contratación pública y el desarrollo efectivo de esta política, además de reforzar la planificación.
La Cámara reclama más control de la calidad del aire
El informe también detecta un cumplimiento desigual de las obligaciones relacionadas con la medición, evaluación y seguimiento de la calidad del aire. La falta de información objetiva limita la comprobación de los resultados y la adopción de medidas correctoras.
La situación es especialmente señalada en Talavera de la Reina, que, según la Cámara, carece de sistemas propios de medición y de datos procedentes de redes autonómicas. «Esta deficiencia resulta especialmente relevante en el caso de Talavera de la Reina», recoge el informe, que reclama un acceso continuado y objetivo a fuentes de información ambiental.
El organismo aconseja que las ciudades dispongan de sistemas eficaces de control y seguimiento, integren las ZBE en sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible y completen los proyectos técnicos y las ordenanzas necesarias, incluido el régimen sancionador.