El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 102 proyectos en diez Comunidades Autónomas. En concreto, estas ayudas se destinan a Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.
El importe global de las subvenciones concedidas es de 261.269.202,72 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.385.317.364 euros. Estos proyectos lograrán mantener 12.486 puestos de trabajo y crearán otros 2.502 nuevos empleos.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, según la Orden Ministerial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 12 proyectos, tres de ellos en Comisión Delegada y otros nueve vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).
Según informa la Delegación del Gobierno, estos 12 proyectos han recibido 31.448.065,25 euros de subvención, y suponen una inversión total de 153.052.033 euros. Asimismo, permitirán crear 536 nuevos empleos y mantener 2.102 puestos de trabajo.
Entre los proyectos de Comisión Delegada están Laboratorios Liconsa S.A., con más de 8,5 millones, Puy de Fou, con más de 9, y Joma Sport, con más de 4,7 millones de euros.
Respecto a los de Orden Ministerial, se trata de Ibergum S.A; Biobab R&D; Valquer Laboratorios; Öztürk Quebap Producción; Daher Aerospace; Velilla Group; Bormioli Rocco; Hugworld International Distributions y Biometano Montes de Toledo.
Este año en Castilla-La Mancha se han aprobado incentivos regionales para 25 proyectos que suponían una inversión total de 254,2 millones de euros. Estas iniciativas han recibido 53,3 millones de euros de subvención y han permitido crear 764 puestos de trabajo y mantener 3.240 empleos.
Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.