​La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, 5 de noviembre, a L.S.P.L., empresario de la construcción de Illescas, acusado de un delito de fraude contra la Seguridad Social entre los años 2015 y 2018 por un monto total de 397.319,29 euros. Un delito por el que la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y una multa de 1.531.786, 36 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha accedido Europa Press, el acusado, propietario de una empresa de construcción tras su adquisición en 2009, operó como constructor de viviendas residenciales como autónomo entre 2014 y 2018, no ingresando sus cuotas de autónomo en el RETA por valor de 10.099,78 euros entre julio de 2015 hasta julio de 2018.

Además, el acusado, conocedor de las deudas con la Seguridad Social y conscientemente dejó de abonarlas y con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento a costa de la Seguridad Social, dejó de ingresar, todas las cotizaciones que le correspondían de sus trabajadores dados de alta en esa empresa desde julio de 2015 hasta julio de 2018 habiendo generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a un total de 382.946,59 euros de principal, excluidos intereses y recargos en este concepto.

Por ello, la deuda generada ascendió de principal a 387.209,51 euros sin haber adoptado ninguna medida para la realización de la deuda, como solicitudes de aplazamiento, solicitud de apertura de concurso de acreedores u otras vías de financiación alternativa y mantuvo en el tiempo conducta generadora de obligaciones.

Según explica la Fiscalía, algunos de los trabajadores dados de alta por los que no cotizó a la Seguridad Social responden a los nombres de A.J.S., A.M.C., J.A.M.A. J.L.A.S. y V.M.B..

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito agravado de fraude contra la Seguridad Social, por el que procede imponer al acusado por el delito la pena de prisión de 4 años de prisión y inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa del cuádruplo de la cuota defraudada, 1.531.786,36 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 5 años.

Asimismo, reclama una indemnización a la TGSS en la cantidad de 398.046,37 euros, más intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.