Marta Vázquez, madre de una niña de seis años que cursa 1º de Primaria en el CEIP Pedro Melendo García, situado en el municipio toledano de Olías del Rey, ha denunciado episodios de violencia protagonizados por un alumno que se incorporó al centro en septiembre. Desde la Consejería de Educación, aseguran haber actuado «de manera inmediata y continuada» desde que la Inspección de Educación conoció la situación.
Descripción de los incidentes
La madre relata una serie de hechos alarmantes, que incluyen «golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas, meriendas pisoteadas y niños saltando sobre otros». Estos episodios, según Vázquez, son sufridos por varios menores y considera que son de «extrema gravedad».
Reacción de la madre ante la situación
Tras varios meses de «silencio y respuestas evasivas» por parte de la administración educativa, Marta se ha visto en la necesidad de acudir a los medios de comunicación para visibilizar lo que comenzó a suceder poco después del inicio del curso escolar. A pesar de haber enviado escritos a la dirección del centro, a la Inspección, a la Delegación Provincial e incluso al consejero de Educación, Amador Pastor, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se niega a cambiar a su hija de colegio, cuestionándose «dónde termina la inclusión y empieza el derecho a la seguridad».
Incidentes en el aula
En declaraciones a Europa Press, Marta explicó que, pocos días después de comenzar el curso, los niños comenzaron a relatar en casa «episodios de violencia protagonizados» por el nuevo alumno. Posteriormente, se produjo un incidente tan violento que la profesora ordenó a los demás niños «salir corriendo», mientras ellos «huían gritando» por el pasillo pidiendo ayuda.
Al día siguiente, varios padres se presentaron en el centro y, tras insistir de manera contundente, fueron atendidos por la dirección. Ante la «falta de soluciones», decidieron acudir a la Inspección Educativa, donde inicialmente se les intentó negar atención. Sin respuestas claras, Marta presentó escritos formales y contrató a un abogado, mientras algunos niños, incluida su hija, comenzaron a recibir atención psicológica «por miedo al colegio».
Medidas tomadas en el centro educativo
Según la madre, en el centro se han movido recursos de otras aulas para garantizar que en su clase haya entre dos y tres adultos presentes. Tras muchas gestiones, Marta logró organizar una reunión con el delegado Provincial de Educación, José Gutiérrez. A finales de octubre y principios de noviembre, se incorporó un Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT), primero a media jornada y luego a jornada completa, lo que, según Marta, ayudó a «contener» parcialmente la situación.
El agravamiento de la situación
No obstante, en enero, tras las vacaciones, el recurso se redujo nuevamente y «la situación se descontrola de nuevo». Marta confirma que se han producido nuevas agresiones, y ha interpuesto una denuncia formal, además de la presencia de la Guardia Civil en el centro. Según ella, Inclusión ha reconocido que «no estaba al tanto de la gravedad real».
Como agravante, se ha incorporado otra alumna con «conductas agresivas» en la misma aula, lo que complica aún más la situación. Actualmente, el alumno en cuestión pasa la mayor parte del tiempo fuera de clase, «debido a su estado de ansiedad», y desde el centro no logran controlarlo, ya que «ningún método les está funcionando». Según Marta, «el propio centro reconoce estar desbordado».
Impacto en los niños
Su hija, así como otros menores, ha recibido atención psicológica para gestionar el miedo relacionado con el colegio. Marta comenta que su hija «apenas juega en el recreo» y hay días en que se muestra triste y aislada, pegada a una cuidadora. Una familia ya ha cambiado a su hijo de centro, pero ella se niega a hacerlo.
Demandas de la madre
Marta exige «transparencia y comunicación directa» y lamenta que, en todos estos meses, solo ha encontrado «un profesorado que apoya en privado pero no puede hacerlo oficialmente», así como una dirección que presenta versiones contradictorias. También critica a los responsables políticos que sugieren como solución cambiar a los niños de colegio.
La madre aclara que no busca culpabilizar a ningún menor ni señalar a profesionales concretos, sino que defiende «la inclusión educativa, pero no una inclusión sin recursos que pone en riesgo a otros niños». Concluye planteando una pregunta que considera fundamental: «¿dónde termina el derecho a la inclusión y empieza el derecho de una niña de seis años a su seguridad física y emocional?»
Posición de la Consejería
Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha negado que haya existido «silencio institucional ni falta de acción», defendiendo haber actuado «de manera inmediata y continuada» desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la situación.