Sumar ha solicitado explicaciones al Gobierno de España sobre los bloqueos «reiterados y masivos» de direcciones IP que, según sus denuncias, se están llevando a cabo durante la emisión de partidos de la Liga española de fútbol. El objetivo de estas acciones es combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos.
Bloqueos ejecutados por orden judicial
El socio minoritario del Ejecutivo español se hace eco de informaciones publicadas por varios medios que indican que estos bloqueos se realizan bajo resoluciones judiciales que no obligan a los proveedores de servicios de infraestructura global, sino directamente a las redes de acceso a Internet, es decir, a los operadores de telecomunicaciones, mediante órdenes de bloqueo generalizadas.
Impacto negativo en sitios web legítimos
En el documento presentado en el Congreso, que ha sido recogido por Europa Press, Sumar destaca que este enfoque «claramente distingue el caso español de otros modelos europeos». Además, sostiene que la ejecución técnica de los bloqueos en España se lleva a cabo de manera «indirecta, amplia y poco precisa», lo que ha resultado en un fenómeno de «sobrebloqueo» que afecta a miles de sitios web legítimos, completamente ajenos a cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual.
Deficiencias en los bloqueos masivos
El texto del grupo parlamentario indica que las empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet a nivel mundial han señalado las supuestas deficiencias técnicas de estos bloqueos masivos. Según exponen, los bloqueos de sitios web que operan dentro de la legalidad se están llevando a cabo «sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación», perjudicando a miles de usuarios de servicios de Internet.
LaLiga y cortes de Internet
Como ejemplo, mencionan a LaLiga, responsable de las competiciones profesionales de fútbol en España y comercializadora de sus derechos audiovisuales, como culpable de un bloqueo de direcciones IP que comparten miles de páginas web. Esto habría ocasionado «graves cortes de Internet en toda España durante los partidos», según han declarado empresas como Cloudflare. Estos cortes han afectado a servicios informativos, comerciales, educativos y de comunicación «que nada tienen que ver con la retransmisión de eventos deportivos».
Preocupación por la falta de responsabilidad
Sumar considera «especialmente preocupante» que, a pesar del impacto «acreditado» sobre derechos fundamentales y el normal funcionamiento de Internet, LaLiga no se haya pronunciado ni asumido responsabilidad alguna en este asunto. Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha expresado en un tuit que «el lucrativo negocio del señor Tebas con LaLiga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet», añadiendo que «la lucha contra la ‘piratería’ no justifica estos abusos».
Peticiones al Gobierno
Ante esta situación, el grupo plurinacional ha solicitado al Gobierno que establezca un mecanismo de supervisión y control que garantice la transparencia y evite que la ejecución de estos bloqueos sea «masiva e indiscriminada». Además, consideran que no se ha podido demostrar la efectividad de estos bloqueos masivos para resolver de manera significativa el problema de la piratería.
Preguntas al Ejecutivo
Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno si tiene conocimiento del impacto real de los bloqueos de direcciones IP asociados a eventos deportivos sobre miles de sitios web legítimos y sobre el acceso general a Internet en España. También quieren saber qué medidas se han adoptado hasta la fecha para supervisar técnica y jurídicamente su ejecución y evitar el sobrebloqueo.
Mecanismos de transparencia y control
Además, desean conocer si existen mecanismos de transparencia, control o rendición de cuentas que permitan conocer, impugnar o reparar bloqueos indebidos. Preguntan si el Gobierno ha solicitado a LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones información detallada sobre el alcance, duración y efectos de los bloqueos, así como qué datos tiene sobre su impacto en la reducción de la piratería digital. Finalmente, quieren saber si se prevé adoptar medidas alternativas o complementarias «que permitan conciliar los derechos de los usuarios de Internet con la persecución de la piratería digital».