Este jueves, los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT se concentraron frente a la Dirección General de Función Pública en Castilla-La Mancha para manifestar su oposición a la decisión del Gobierno regional de eliminar la posibilidad de que los empleados públicos soliciten una excedencia por prestación de servicios en la Administración. Esta medida, según los sindicatos, afecta negativamente a la promoción profesional de los funcionarios.
Rechazo a la modificación de la Ley de Empleo Público
Victoria Ortiz, representante del sindicato CSIF, expresó su «profundo rechazo» a la enmienda que el PSOE está introduciendo en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, la cual se aprobará en las Cortes regionales este mismo día. Según Ortiz, este cambio implica «el recorte de un derecho ya reconocido» que permitía a un funcionario de carrera, como un auxiliar administrativo, optar a una plaza de nivel superior y acumular méritos para conseguirla a través de un concurso oposición.
Impacto en la promoción profesional
La representante de CSIF advirtió que este recorte «impedirá la promoción profesional del personal funcionario, independientemente de que cuenten con las titulaciones necesarias para acceder a esos puestos». Esta situación ha llevado a los sindicatos a manifestar su firme oposición.
Críticas desde STAS y otros sindicatos
Desde el STAS, Gustavo Fabra también criticó la decisión del Gobierno regional de introducir un recorte a la carrera profesional a través de una ley ómnibus, sin haber acudido a la mesa de negociación. Según Fabra, el mensaje que se envía es claro: «Page recorta, Page privatiza y Page no atiende a la negociación colectiva». Por ello, instaron al PSOE a retirar la enmienda y convocar de forma urgente una mesa de negociación para abordar la carrera profesional del personal funcionario, similar a la que tienen los empleados del Sescam.
Historia de la Ley de Empleo Público
Juan Bautista González, de Comisiones Obreras, recordó que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha fue negociada en 2011, pero desde entonces no ha recibido el desarrollo necesario. «La Administración se ha negado a realizar mejoras que se contemplaban en la ley», añadió. González destacó que, a pesar de que algunas escalas ya eran obsoletas hace 15 años, la Administración no ha querido abordar este asunto ni otros relacionados con la carrera profesional.
Efectos sobre todos los empleados públicos
Rocío Jiménez, de UGT Toledo, subrayó que la modificación afecta no solo a los funcionarios, sino también a todos los empleados públicos de la Administración local, incluyendo estatutarios y personal laboral. Esta situación merma el derecho a la carrera profesional que se ha instaurado en otras comunidades autónomas y que fue aprobado en la ley de 2011, la cual ha permanecido paralizada durante 15 años.
Cuestionamientos sobre la enmienda
Los sindicatos cuestionan la lógica detrás de esta enmienda, argumentando que «no ahorra dinero». Consideran que para la Administración no hay diferencia en llamar a una persona de una categoría inferior o a alguien de una bolsa de empleo, y en ocasiones, incluso se ha recurrido a personas en situación de desempleo.
Perdida de profesionalidad
Los sindicatos también advirtieron que la experiencia del personal administrativo se «pierde» al tener que iniciar de nuevo cuando entra una nueva persona al puesto. Esto puede llevar a que, en menos de cuatro meses, la plaza sea ocupada por otro funcionario distinto, lo que sugiere que a la Administración «no le interesa» que los funcionarios de carrera, como los auxiliares administrativos, asciendan si tienen la titulación necesaria.
Victoria Ortiz enfatizó que la enmienda que se va a aprobar «sin negociación de ningún tipo» representa un «retroceso puro y duro» en la carrera profesional de los empleados públicos. Los sindicatos, que se levantaron de la Mesa Sectorial de personal funcionario en señal de protesta, creen que la Junta busca reducir el número de personal interino y disminuir la rotación, aunque esto, según ellos, resulta en una pérdida de eficacia.
Gustavo Fabra concluyó afirmando que se está sacrificando la profesionalidad en favor de una administración «dócil» que no controla adecuadamente las decisiones tomadas por la clase política en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Resaltó la necesidad de implantar una carrera profesional objetiva y basada en méritos y capacidades para permitir la promoción de los funcionarios.