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Protestas en Madrid: Activistas exigen derechos para los perros de caza abandonados

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Este domingo, diversas ciudades españolas se convirtieron en el escenario de concentraciones organizadas por grupos animalistas, quienes alzaron la voz contra la actividad cinegética. En estas manifestaciones, se destacó la alarmante situación de los perros de caza, considerados por muchos como los animales más abandonados y maltratados del país. Los participantes hicieron un llamado al Gobierno para que se involucren en su protección.

Denuncias de los activistas por los derechos de los animales

Fran Díaz, presidente de la Fundación Animal Rescue, expresó su preocupación en declaraciones a Europa Press desde Madrid: «Estamos aquí para reivindicar que los perros de caza no tienen derechos. Estamos cansados de aguantar la impunidad que sufren estos perros, que son los más abandonados y maltratados en España. Aparecen en condiciones terribles y nadie los protege». Las protestas fueron convocadas por la Plataforma NAC (No A la Caza).

La situación de los perros de caza

Díaz subrayó que la situación de estos animales es cada vez «peor» y reveló que muchos perros son despojados de su chip de identificación «rajándoles el cuello para que no se pueda rastrear a los cazadores». «Les dejan tirados en los huesos, con patas rotas. Los cazadores se sienten impunes ante el maltrato que les infligen», añadió, exigiendo justicia y una mayor implicación del Gobierno en la protección de estos animales.

Los cazadores y sus intereses

El presidente de la Fundación Animal Rescue también denunció la influencia que tienen los cazadores, describiéndolos como «un lobby muy fuerte» y afirmando que detrás de la actividad cinegética hay «muchos intereses económicos». «No entendemos por qué los perros de caza no están protegidos como el resto de los perros», agregó.

Voces desde el activismo

Durante la concentración en Madrid, Desirée, una colaboradora animalista, también compartió su perspectiva sobre la situación de los perros de caza, que quedaron excluidos de la ley aprobada el año pasado por el Congreso. «Estos animales son considerados una herramienta más para los cazadores, lo que significa que pueden ser abandonados y encontrados en condiciones deplorables», lamentó. Para quienes comparten sus vidas con estos perros, la situación es desgarradora.

Exclusión de la ley y sus consecuencias

Desirée explicó que la exclusión de los perros de caza de la ley los ha dejado «en un limbo», sin las mismas obligaciones que otros propietarios de mascotas, como tenerlos «chipados con sus vacunas en regla» o «empadronados en el domicilio correspondiente». «Se ha puesto el foco en los propietarios de perros que están en domicilios, con muchísimas más posibilidades y libertad», concluyó.

La situación en Valencia

En Valencia, Elena Simón, coordinadora de la Plataforma NAC, también se pronunció sobre el tema, afirmando que el principal objetivo de su organización es «acabar con la caza con perros», destacando que España es el único país de la Unión Europea que aún lo permite. «Estamos en contra de todas las modalidades de la caza y buscamos abordar la situación que sufren los animales utilizados para este fin», aseguró en declaraciones a Europa Press.

El final de la temporada de caza

Las manifestaciones de este fin de semana coinciden con el cierre de la temporada de caza, un periodo que se considera «dramático» para miles de animales, especialmente para los galgos, que suelen sufrir abandono y maltrato una vez que dejan de ser considerados «útiles» por los cazadores. «Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto», recalca la Plataforma NAC.

Convocatorias en toda España

Las protestas se han llevado a cabo en prácticamente toda España, con manifestaciones en ciudades como A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Granada, Huelva, León, Madrid, Valencia, y muchas más.

Además, el partido PACMA ha anunciado su participación activa en las convocatorias de diversas ciudades, incluyendo Sevilla, Murcia, y Barcelona, reafirmando su compromiso de oponerse a una actividad que consideran «cruel e innecesaria», y de presionar a las administraciones para que cesen su fomento y financiación.

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