El reciente debate sobre la dependencia en Castilla-La Mancha ha generado un intenso cruce de acusaciones entre los partidos políticos. El Grupo Parlamentario Popular ha criticado al Gobierno regional por las «más de 2.300 personas» que han fallecido en la región a la espera de recibir asistencia por dependencia. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha respondido a estas afirmaciones acusando al PP de «utilizar a los muertos» en su discurso político.
Debate en las Cortes regionales
Este intercambio de reproches ocurrió durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el Grupo Parlamentario Socialista había planteado una propuesta sobre la dependencia. Francisco Cobo, portavoz de Vox, fue quien abrió el debate, señalando la falta de «financiación, recursos y atención» en el sistema de dependencia. Acusó al Gobierno de no haber utilizado 149 millones de euros en tres programas durante el año anterior, a pesar de su afirmación de haber incrementado el presupuesto para 2026.
Cobo destacó que más de 101.000 personas tienen reconocido el grado de dependencia, pero solo 82.400 reciben una prestación efectiva. Denunció que 19.000 personas con derecho a estas ayudas no están recibiendo la atención necesaria. «Reconocer un derecho y no hacerlo efectivo no es política social, es maquillaje administrativo», afirmó, criticando la incapacidad del Gobierno para proveer servicios profesionales adecuados y trasladando el problema a las familias.
Críticas del PP al Gobierno
La parlamentaria del PP, Tania Andicoberry, también se sumó a las críticas, señalando que tras el «triunfalismo» del Ejecutivo regional, hay personas dependientes que siguen esperando ayuda. «Más de 2.300 personas fallecieron en Castilla-La Mancha esperando la dependencia en los últimos dos años. No son números, son personas», enfatizó Andicoberry, quien calificó estas cifras como motivo de vergüenza para cualquier Gobierno.
La diputada lamentó la situación actual como preocupante según informes oficiales y acusó al Gobierno de ser deficiente en su gestión, proponiendo que se exija al Estado la cofinanciación correspondiente a Castilla-La Mancha sin usarlo como excusa para encubrir la mala gestión.
Defensa del PSOE
Por su parte, Pablo Camacho, del Grupo Socialista, defendió la gestión del Gobierno regional, afirmando que el Observatorio de la Dependencia de 2025 sitúa a Castilla-La Mancha en primer lugar en cuanto a gestión. Sin embargo, reconoció la necesidad de una «financiación justa» para seguir ofreciendo los mejores servicios. Camacho señaló que actualmente, la comunidad aporta aproximadamente el 70% de los recursos, mientras que el Estado solo contribuye con un 30%, cuando debería ser un 50% según la ley de dependencia.
Respuesta de la consejera de Bienestar Social
La consejera Bárbara García Torijano respondió a las críticas de la oposición, defendiendo que Castilla-La Mancha es reconocida por su liderazgo en la gestión de dependencia a nivel nacional, según la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales y el Imserso. En relación al «abuso» de la Teleasistencia mencionado por el PP, aseguró que este servicio, uno de los más valorados por la ciudadanía, solo se presta a 129 de los más de 5.700 grandes dependientes en la región.
Finalmente, García Torijano criticó a la parlamentaria del PP por «utilizar a los muertos» en su discurso, enfatizando la gravedad de tal acusación en un debate tan sensible.