La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha dado a conocer este jueves su nuevo informe sobre el examen y verificación de las cuentas anuales de las empresas del sector público regional correspondiente al ejercicio 2022. Este documento ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Detalles del informe aprobado
El informe abarca una revisión formal de los estados financieros e información económica y de gestión de las cuentas presentadas por las empresas públicas regionales. Su objetivo ha sido comprobar la adecuación de estas cuentas a los principios, criterios y normas contables aplicables, considerando los resultados de auditorías realizadas por organismos públicos y privados.
Aspectos analizados en el informe
Además de la revisión de las cuentas, el informe incluye un análisis detallado en diversas áreas como la disciplina presupuestaria, la tesorería, los sistemas de control interno, la gestión del personal, así como aspectos de transparencia, igualdad, integridad y medio ambiente.
Las empresas públicas bajo revisión
Las ocho empresas públicas regionales sometidas a control son Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha SA, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha SA, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, SAU, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, SA, Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU, Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU y la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha, SA, esta última creada en 2022.
Datos económicos del sector público
En 2022, estas empresas gestionaron un presupuesto de 201,5 millones de euros, principalmente financiado a través de transferencias de la administración regional y organismos públicos. Todas ellas sometieron sus cuentas anuales a auditorías externas, obteniendo opiniones favorables sin salvedades, y también fueron objeto de control financiero por parte de la Intervención General.
Endeudamiento y empleo en el sector
El endeudamiento total del sector público empresarial alcanzó los 206,3 millones de euros en 2022, lo que representa una disminución del 10% en comparación con el año anterior y equivale al 1,33% del endeudamiento autonómico. La administración regional garantizó la cobertura de las pérdidas globales de las empresas públicas mediante aportaciones anuales consignadas en los presupuestos.
Empleo y obligaciones de transparencia
El número promedio de trabajadores en el sector público empresarial fue de 2.818,6, con un gasto total acumulado de 104 millones de euros. El sector ha cumplido con sus obligaciones de informar mensualmente sobre el periodo medio de pago, aunque tres de las empresas superaron ligeramente el plazo legal de 30 días. En términos generales, se ha observado un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones en materia de transparencia, igualdad e integridad, así como un marco de control interno razonable.
Conclusiones y recomendaciones
En el ámbito medioambiental, muchas empresas señalaron en sus memorias de cuentas anuales la falta de procedimientos específicos de control, debido a la naturaleza de sus actividades, que no generan activos relacionados con la protección ambiental ni incurren en gastos significativos o contingencias que deban ser registradas. El informe presenta un total de 48 conclusiones y once recomendaciones dirigidas tanto a las empresas fiscalizadas como a las Consejerías correspondientes.
Recomendaciones clave
Entre las recomendaciones más relevantes se sugiere desarrollar procedimientos para una supervisión continua sobre el sector público empresarial, así como fomentar la creación de manuales de procedimiento y sistemas de control interno en todas las empresas. También se destaca la necesidad de aprobar un modelo de contrato para la alta dirección del sector.
En cuanto a la transparencia, se aconseja fortalecer los mecanismos de publicación de información económico-financiera utilizando formatos abiertos y reutilizables. Respecto a la deuda comercial, algunas empresas deberían implementar planes de tesorería para asegurar el cumplimiento del periodo medio de pago y reforzar la rendición de cuentas en sostenibilidad medioambiental.
Durante el proceso de formulación de alegaciones, las empresas públicas han expresado su disposición para llevar a cabo acciones correctivas, lo cual ha sido valorado positivamente por la Cámara de Cuentas.