El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha apelado a que los planes estatales de vivienda, así como las políticas que se impulsan desde la Unión Europea, «tengan un enfoque específico para las zonas rurales donde los requisitos tienen que ir muy orientadas a la flexibilidad en materia de vivienda».
Un mensaje que ha lanzado este martes en su intervención en el I Congreso Internacional de Despoblación que se desarrolla a lo largo de dos días en Segura de Baños (Teruel) junto al comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, donde Martínez Guijarro ha puesto sobre la mesa la paradoja de la falta de vivienda disponible en municipios afectados por la despoblación y que frena la llegada de nuevos pobladores a estas localidades, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Y ante esta realidad, el vicepresidente primero ha pedido, ante un auditorio con presencia de diputados europeos y miembros del Gobierno central, que esos programas nacionales y supranacionales que se están diseñando se hagan «con flexibilidad que nos permita adaptarlos, ya que no es lo mismo la realidad de la Sierra de Alcaraz que la de Molina de Aragón». «Por ello, hay que hacerlo muy flexible desde el punto de vista administrativo», ha añadido.
GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS
Durante su alocución, ha señalado la importancia de la garantía de acceso a los servicios básicos –educación, sanidad, servicios sociales y transporte– en zonas rurales para hacer a estos pequeños municipios atractivos para vivir y, por tanto, frenar la pérdida demográfica.
Por ello, ha insistido en la necesidad de que la financiación autonómica tenga en cuenta el coste de la prestación de los servicios básicos en las zonas afectadas por despoblación, muy superior al coste que supone en las zonas urbanas y, por ello, lo «lo tiene que financiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas».
En este sentido, ha hecho un repaso a las medidas que se vienen desarrollando en la Comunidad Autónoma que van desde la aprobación de la Ley de medidas contra la despoblación en el año 2021, que incluye fiscalidad diferenciada y discriminación positiva para impulsar la economía en estos municipios, a lo que se han sumado, a lo largo de los años, la aprobación de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la implantación de los Informes de Impacto Demográfico en toda la normativa de la región y también en los presupuestos autonómicos desde el año 2023.
BUENOS RESULTADOS
Gracias a todas estas medidas, ha dicho, «empezamos a ver un poco de luz», que se refleja en los datos de población y las cifras de saldo migratorio positivo. Y es que, tal y como ha apuntado, por primera vez en muchos años, el saldo migratorio acumulado entre 2021-2024 en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación en 15.423 personas.
Al Congreso de este martes han asistido el vicepresidente de la Comisión Coter en el Comité de Regiones, alcalde de Cluj-Napoca y exprimer ministro de Rumanía, Emile Boc; el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; el consejero de Fomento de Aragón, Octavio López; el consejero de Justicia, Administración local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto; y los diputados europeos Borja Giménez y Rosa Serrano.