Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha lanzado una alerta sobre la precariedad laboral que afecta a los Servicios Sociales, advirtiendo que esta situación «pone en riesgo la calidad del sistema público». La federación ha exigido al Gobierno regional que actualice los convenios y que proporcione una financiación adecuada para asegurar una atención «digna» a la ciudadanía.
Apoyo a la concentración por la equiparación salarial
En una nota de prensa, la formación política mostró su respaldo a la concentración que tuvo lugar el pasado 9 de abril, organizada por la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Desde IU, se destaca que los profesionales de estos servicios desempeñan una labor «esencial» como primer escudo de protección para las personas y familias más vulnerables en la región.
La labor de los profesionales de Servicios Sociales
Según Izquierda Unida, el trabajo diario de estos profesionales garantiza derechos, acompaña a quienes enfrentan situaciones de extrema dificultad y sostiene el bienestar social, especialmente en las áreas rurales de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la federación denuncia que estos trabajadores han estado sufriendo una «desigualdad salarial injustificable» durante años, llegando a cobrar hasta un 40% menos que otros empleados que realizan las mismas funciones en la administración autonómica.
Consecuencias de la desigualdad salarial
Esta brecha salarial no solo representa un agravio laboral, sino que también impacta directamente en la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos. Por ello, Izquierda Unida considera «inadmisible» que, tras más de diez años sin la debida actualización de los convenios, se mantenga una situación de precariedad que debilita el sistema público de servicios sociales.
La dignidad laboral como cuestión de justicia social
Desde IU se enfatiza que no se puede mantener un Estado del Bienestar sólido sin garantizar condiciones laborales dignas para aquellos que lo hacen posible. «La dignidad laboral de estos profesionales es una cuestión de justicia social y una condición imprescindible para garantizar derechos», concluye la formación política.