La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos no estén ayudando al Gobierno a implementar una normativa que luche contra los pisos turísticos ilegales y ha puesto el ejemplo de Andalucía, donde incluso se ha recurrido la nueva normativa para regular la vivienda de corta duración.

«Ni las propias plataformas, para las que podría surgir un perjuicio, han recurrido esta medida», ha lamentado Rodríguez en una entrevista en ‘Antena 3’ recogida por Europa Press, donde ha recordado que la comunidad autónoma presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla es la que mayor número de viviendas turísticas ilegales tiene actualmente.

En esta misma línea, la titular de Vivienda también ha acusado a la Comunidad de Madrid de amparar la «ilegalidad», ya que en la autonomía liderada por Isabel Díaz Ayuso el 83% de las viviendas inscritas en el nuevo Registro Único de Alquileres lo ha hecho como vivienda temporal en vez de como vivienda turística -en el resto del país, el 78% de los inscritos son viviendas turísticas-.

Para Rodríguez, con sus acciones, el «principal partido» de la oposición — en referencia al PP — «no se está enterando» de las perturbaciones que hay en el mercado del alquiler, una realidad que, recuerda, ha reconocido hasta la presidenta de la Comisión Europea.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

Desde que comenzó a funcionar el Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

«Cada piso turístico ilegal es una familia expulsada de su barrio, es un joven que no se puede emancipar y frente a eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas», ha concluido Isabel Rodríguez.