En la última sesión de las Cortes de Castilla-La Mancha, se abordó el polémico tema del Canon de la Directiva Marco del Agua. Este asunto generó un intenso debate, con el Grupo Parlamentario Vox pidiendo su eliminación, el Partido Popular (PP) solicitando una moratoria para los ayuntamientos, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) defendiendo su obligatoriedad.

La postura de Vox sobre el canon del agua

El diputado de Vox, José Cobo, abrió el debate afirmando que el canon del agua representa «un impuestazo». Cobo caracterizó este cobro como un «impuesto real, indirecto, de finalidad extrafiscal», argumentando que no se trata de un tributo por un servicio recibido, sino de una medida que penaliza el consumo de agua, con el objetivo de modificar comportamientos de los ciudadanos. Se cuestionó si el uso doméstico responsable debería ser considerado lesivo y se destacó que este canon afecta el poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación.

El parlamentario subrayó que la carga financiera del canon se traslada al contribuyente, disfrazado de tributo medioambiental. «No se trata de fomentar conductas sostenibles, sino de generar ingresos adicionales», destacó Cobo, responsabilizando del problema tanto al PSOE como al PP. Hizo un llamado a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, enfatizando que «el que contamina paga». La propuesta de Vox, que pedía la eliminación inmediata del canon, fue rechazada.

La visión del Partido Popular

Desde el PP, el diputado Santiago Lucas Torres argumentó que el canon es una cuestión «profundamente social, económica y moral». Criticó la naturaleza del canon, describiéndolo como un «sablazo fiscal» que afecta a familias, autónomos y empresas, y especialmente a los ayuntamientos. Torres calificó la decisión de imponer este canon como política recaudatoria, improvisada y sin diálogo con los municipios, subrayando que llega en un momento crítico de crisis económica.

El diputado rechazó la justificación del Gobierno regional y del PSOE, que sostiene que el canon es una exigencia de la Unión Europea, afirmando que «nadie» en Europa está obligando a aplicar un impuesto de esta naturaleza. También hizo énfasis en la mala gestión del canon por parte de la Consejería de Hacienda, criticando la complejidad de los modelos tributarios y la falta de claridad en los procedimientos para los ayuntamientos.

La resolución del PP, también rechazada, pedía una «paralización inmediata» del canon o, al menos, una moratoria de cinco años, así como la creación de un fondo específico para la renovación de las redes de agua municipales.

Defensa del PSOE y críticas al PP

El diputado Álvaro Toconar defendió la postura del PSOE, criticando al PP por llevar a cabo debates «incoherentes». Afirmó que el canon proviene de una Directiva Marco del Agua de obligatorio cumplimiento y no puede ser eludido. Toconar reprochó al PP por enviar un mensaje confuso a sus alcaldes y a la ciudadanía, señalando que el presidente regional del PP, Paco Núñez, había presentado previamente una propuesta que contradice su actual postura.

En resumen, el debate sobre el canon del agua en Castilla-La Mancha continúa generando controversia y divisiones entre los diferentes grupos políticos, con cada uno defendiendo sus posiciones y propuestas para abordar esta cuestión. La situación pone de manifiesto la complejidad de la gestión del agua y la necesidad de un enfoque que equilibre la sostenibilidad con la capacidad económica de las familias y los municipios de la región.