El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de ordenación de las empresas y alojamientos turísticos hoteleros de la región, una normativa que sustituye a la actual, «obsoleta» y en vigor desde el año 1989, y que incluye nuevas cuestiones como que serán los propios establecimientos los que, a través de una autoevaluación, determinarán su número de estrellas o la creación de distintas categorías de hoteles en función de su especialización.
Así lo ha explicado este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante una rueda de prensa en la que ha defendido la necesidad de esta nueva normativa, que viene «consensuada» con el sector.
Con respecto a estas autoevaluaciones, la consejera ha explicado que los requisitos para regular el número de estrellas que posee cada hotel están «muy tasados» por normativas nacionales e incluso internacionales, por lo que esta autoevaluación tiene como principal objetivo agilizar el papeleo entre el sector y la administración. No obstante, ha aclarado, la Administración comprobará la concordancia entre sus datos y los ofrecidos por los establecimientos en sus correspondientes declaraciones responsables.
Estas declaraciones responsables, ha proseguido, se presentarán ante la Junta en el periodo transitorio de tres años que se establecerá cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, si no se ha enviado, será la propia Administración regional la que realice la evaluación de oficio.
Por otro lado, en cuanto a las categorías de especialización a las que podrán acogerse los establecimientos, Franco ha detallado que, en el caso de los hoteles, se crearán las de hotel balneario, hotel spa, hotel de congresos y eventos, hotel enoturístico, hotel familiar, motel y hotel rural; mientras que los apartahoteles y hostales podrán optar a las categorías de apartahotel rural y hostal rural, respectivamente.
ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Otro de los aspectos que se recogen en este nuevo decreto es la actualización de los requisitos en cuanto a instalaciones, equipamiento y servicios que deben prestar desde el sector hotelero.
También se incluyen otras cuestiones como el régimen de reservas, cancelaciones y precios para así garantizar el servicio que se presta y los compromisos, deberes y responsabilidades que adquieren los empresarios.
De igual modo, se regulan las declaraciones responsables y las comunicaciones del sector con la Administración para que las notificaciones sean «más directas».
En todo caso, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha advertido de que Castilla-La Mancha es «un territorio muy extenso con mucha diversidad en el turismo», por lo que desde la Junta se reservan la posibilidad de otorgar dispensas a algunos establecimientos siempre que estén justificadas por algún tipo de «singularidad».
Patricia Franco ha explicado que esta normativa afectará a 969 establecimientos de toda Castilla-La Mancha, de los que la mayoría corresponden a las provincias de Toledo y Ciudad Real, con un 25% y 20%, respectivamente.