En un contexto de tensas relaciones entre administraciones, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno autonómico ha dado luz verde para interponer un recurso contencioso administrativo. Esta acción busca reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la implementación de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. García-Page ha expresado su preocupación por el «difícil» paso de tener que recurrir a los tribunales, lo que podría acarrear «importantes consecuencias» contra un Gobierno «del mismo partido político».

Declaraciones en Talavera de la Reina

Durante su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral C-LM en Talavera de la Reina, el presidente ha subrayado que la «falta de cumplimiento» de las sentencias relacionadas con los caudales ecológicos del río Tajo podría considerarse, según varios servicios jurídicos, como un «delito ecológico».

Reflexiones sobre la responsabilidad política

García-Page ha reflexionado sobre el compromiso de los políticos de Castilla-La Mancha y otras regiones, afirmando que muchos estarían dispuestos a anteponer los intereses de su tierra, incluso si eso significa llevar a su propio Gobierno a los tribunales. «No sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha, pero estoy seguro de que, llegado el momento, muchos estarían dispuestos a hacerlo», ha declarado.

Un año de margen y esperanza de solución

El presidente regional ha recordado que se ha concedido «más de un año de margen» para que se llevaran a cabo las sentencias, pero finalmente se han visto obligados a tomar una decisión «práctica y clara». A pesar de esta situación, García-Page ha expresado su esperanza de que se alcance una «solución» a este conflicto, e incluso ha mencionado la posibilidad de «retirar el pleito» contra el Gobierno de España.