La diputada de Sumar, Engracia Rivera, ha tomado la palabra en el Parlamento para representar a su grupo durante la consideración del Estatuto de Castilla-La Mancha. Durante su intervención, ha manifestado que su posición es «crítica» respecto al enfoque del Gobierno regional en la tramitación de esta reforma. Sin embargo, ha anunciado que votará a favor de su entrada en el Parlamento, aunque condicionará su apoyo definitivo a la inclusión de enmiendas que promuevan políticas en favor del derecho a la vivienda y el derecho al aborto.
Críticas al procedimiento del Gobierno regional
Rivera ha señalado que, aunque ha existido un «cauce de participación» con la sociedad civil y partidos sin representación, ha faltado un elemento fundamental: el debate en la sociedad castellanomanchega. «Su único recorrido ha sido la aceptación de PSOE y PP y el negacionismo de Vox», ha afirmado, calificando de «debate artificial» el diálogo entre las dos principales fuerzas políticas en relación con el número de diputados que debería contemplar la norma.
Aportaciones de Sumar en temas clave
La diputada ha criticado que los acuerdos alcanzados por los diputados reflejan «cálculos políticos» de los partidos populares y socialistas, evitando así que Sumar participe en este debate. En este sentido, ha recordado que su grupo propone mejoras en áreas como Educación, Vivienda y derechos reproductivos. Rivera ha acusado al PSOE de «perder una oportunidad de oro» al no incluir la vivienda como «un derecho esencial», lo que podría dar paso a un amplio parque de vivienda pública.
La vivienda como un lujo y la urgencia del derecho al aborto
La diputada ha enfatizado que, debido a la especulación, la vivienda se ha convertido en un lujo para muchos, subrayando que «es obligación del Gobierno ofrecer soluciones». En cuanto al derecho al aborto, Rivera también ha criticado la falta de atención a sus propuestas en este ámbito. «Más del 60% de las intervenciones de aborto se produjeron en otras comunidades autónomas. Es urgente que el Sescam asuma su responsabilidad y que la interrupción del embarazo esté garantizada», ha alertado.