El Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha ha tomado la iniciativa de presentar varias enmiendas en el Congreso de los Diputados en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región. Entre estas enmiendas, destaca una que busca mantener la actual horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales, evitando así cualquier modificación en este aspecto.
Declaraciones de Carolina Agudo
Durante una rueda de prensa, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, expresó su preocupación por las afirmaciones de Vox, un partido que, según ella, «no cree en el estado de las autonomías» y que está difundiendo información errónea sobre el número de diputados en Castilla-La Mancha. Agudo afirmó: «Se están permitiendo mentir» al sugerir que habría más diputados en la región, lo cual es falso.
Agudo recordó que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha sostenido constantemente que Castilla-La Mancha no necesita incrementar su número de diputados. Este compromiso fue reflejado en el proyecto de Estatuto de Autonomía que se aprobó hace unos meses en un acuerdo con el PSOE en las Cortes regionales. «Desde luego, el Partido Popular no vamos a participar en que haya más diputados», enfatizó Agudo, subrayando que, a pesar de las insistencias de Vox, «no va a haber más diputados en Castilla-La Mancha».
Apoyo del PSOE a las enmiendas
Agudo también confía en que el PSOE no tendrá inconvenientes en respaldar las enmiendas presentadas por el PP, «sobre todo en apoyar el Estatuto de Autonomía». Aseguró que lo fundamental es que Castilla-La Mancha cuente con un nuevo Estatuto, reiterando la posición acordada entre ambos partidos desde el inicio del proceso.
Detalles de la enmienda
La enmienda que el PP ha presentado establece que «las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 35 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños». Este acuerdo se había alcanzado entre el PP y el PSOE en mayo del año pasado, con el objetivo de facilitar la creación de un nuevo Estatuto en las Cortes regionales.
En ese momento, ambos partidos pactaron que el número total de diputados debía oscilar entre 25 y 55 parlamentarios. La discusión sobre el número de escaños fue el único punto de discordia que separó a socialistas y populares en octubre de 2024, lo que provocó la suspensión de la tramitación del documento, después de más de un año de trabajo y negociaciones con diversos colectivos desde septiembre de 2023.
Aprobación en el Congreso
El acuerdo alcanzado fue presentado en noviembre ante el Congreso de los Diputados, donde se votó a favor de la toma en consideración del nuevo texto con el apoyo de 288 de los 335 parlamentarios, procedentes del PSOE, PP, Sumar, PNV, Coalición Canaria y José Luis Ábalos. En la votación, 34 parlamentarios se opusieron, incluyendo a los 33 de Vox y un diputado de UPN, mientras que hubo 13 abstenciones, que correspondieron a ERC, Podemos, BNG y una diputada de Compromís. Junts y Bildu no participaron en la votación.
Otras enmiendas del PP
En la misma rueda de prensa, Agudo detalló otras enmiendas que el PP ha presentado en el marco de la tramitación del Estatuto, como una dirigida a establecer un control al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en el Parlamento Regional. «El presidente de esta tierra tiene que rendir cuentas ante la oposición y, sobre todo, ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha», defendió.
Adicionalmente, el PP ha presentado enmiendas para garantizar que las normas sean serias y no meramente propagandísticas, promoviendo principios como la necesidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Agudo también destacó la importancia de reforzar la responsabilidad de los cargos de la Junta, asegurando que actúen con integridad y respeto a la dignidad, evitando abusos de poder.
Asimismo, se han incluido enmiendas para reflejar en el Estatuto valores como la dignidad y el libre desarrollo de cualquier persona en la región, con un enfoque en la inclusión y el respeto a las competencias del Estado. También se ha propuesto un refuerzo en las políticas de vivienda, enfatizando la importancia de la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos.