El Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo una serie de enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía regional, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados. Una de estas enmiendas busca mantener la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales sin modificaciones.

Declaraciones de Carolina Agudo sobre el número de diputados

En una reciente rueda de prensa, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, expresó su preocupación ante las afirmaciones de Vox sobre el aumento del número de diputados en Castilla-La Mancha. “En los últimos meses hemos detectado cómo Vox, ese partido que no cree en el estado de las autonomías, se está permitiendo lanzar bulos con respecto al número de diputados”, comentó Agudo, quien acusó a los miembros de Vox de “mentir” al asegurar que se incrementará el número de diputados en la región.

La postura del PP sobre la representación en las Cortes

Agudo recalcó que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha defendido de manera constante que Castilla-La Mancha no necesita más diputados. “Incluso, los ‘populares’ lo plasmaron en el proyecto del Estatuto de Autonomía aprobado recientemente en un acuerdo con el PSOE en las Cortes regionales”, añadió. La secretaria regional subrayó que el PP no participará en la creación de más diputados, insistiendo en que “no va a haber más diputados en Castilla-La Mancha”, y que estas afirmaciones se incluirán en el nuevo Estatuto.

Contenido de la enmienda presentada

La enmienda del PP establece que “las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 35 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños”, según información de Europa Press. Este planteamiento se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado en mayo de 2024 entre el PP y el PSOE, que buscaba facilitar la creación de un nuevo Estatuto para la región.

Acuerdo entre PP y PSOE

El pacto entre ambos partidos estableció que el número de diputados en las Cortes oscilaría entre 25 y 55 parlamentarios. Sin embargo, el tema del número de escaños fue el único punto de desacuerdo que surgió entre socialistas y ‘populares’, lo que llevó a la suspensión de la tramitación del documento en octubre de 2024. Este proyecto había sido objeto de una extensa negociación durante más de un año, con múltiples reuniones y consultas a diversos colectivos desde septiembre de 2023.

Votación en el Congreso

En noviembre, el nuevo Estatuto fue presentado en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo el apoyo de 288 de los 335 parlamentarios, incluyendo votos a favor de PSOE, PP, Sumar, PNV, Coalición Canaria y José Luis Ábalos. En contraposición, 34 parlamentarios votaron en contra, incluyendo a los 33 de Vox y un diputado de UPN, mientras que se registraron 13 abstenciones de ERC, Podemos, BNG y una diputada de Compromís. Junts y Bildu no participaron en la votación.

Otras enmiendas del PP

Durante la rueda de prensa, Agudo también presentó otras enmiendas destinadas a la tramitación del Estatuto, como la que busca establecer un control más riguroso al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en el Parlamento Regional. “El presidente de esta tierra tiene que rendir cuentas ante la oposición y, sobre todo, ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, afirmó.

Compromiso con la seriedad legislativa

Además, el PP propuso enmiendas que abogan por que las normas sean “serias y no solamente propaganda”, introduciendo principios como la necesidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad legislativa. “Queremos reforzar la responsabilidad de los cargos de la Junta, que deben ajustarse al principio de integridad y respetar la dignidad frente a los abusos de poder”, aseguró Agudo.

Valores y políticas de vivienda

El PP también ha planteado enmiendas para incorporar valores como la dignidad y el libre desarrollo de todas las personas en el Estatuto, enfatizando la importancia de la inclusión y el respeto a las competencias del Estado. Asimismo, se han propuesto medidas para reforzar las políticas de vivienda, asegurando el respeto a la seguridad jurídica y al derecho de la vivienda.