El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha querido entrar a valorar este miércoles el sondeo del diario ‘La Razón’, según la cual el PSOE de Castilla-La Mancha perdería la mayoría absoluta si hubiera elecciones y un pacto de PP y Vox le arrebataría la presidencia del Ejecutivo a Emiliano García-Page, ya que, esa encuesta está «pagada» por el PP para «tener titulares durante un par de semanas».
A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, Padilla ha recordado que desde el 2015 «esto no es ninguna novedad» ya que mientras estas encuestas siempre dan unos resultados «a la baja» al PSOE de Castilla-La Mancha y al presidente, «que luego no se corresponden con la con la realidad».
Así, ha recordado cómo García-Page ha logrado «dos mayorías consecutivas» y ha indicado que aunque «esa encuesta pagada por el Partido Popular les dan posibilidad de tener titulares algunos días», el Gobierno de Castilla-La Mancha «seguirá centrado y trabajando por la ciudadanía» y «dando argumentos a los ciudadanos y ciudadanas de esta región para que la próxima vez que haya urnas vuelvan a confiar en nosotros».
Sobre las encuestas que se han publicado esta semana a nivel nacional, que recogen un retroceso general de la izquierda y un crecimiento de escaños de la derecha y la ultraderecha, Padilla ha indicado que «la polarización no ayuda en absoluto, en el sentido de que lo que hace es que crezca la extrema derecha» y «no ayuda a la normalización política en España para que se hagan las cosas con sosiego, con tranquilidad».
Dicho esto, ha comentado cómo en Castilla-La Mancha se practica «mucho esa normalidad, ese escuchar y hablar con todo el mundo y creo que eso al final se demuestra y tiene su reflejo en los resultados electorales y en el día a día».
JORNADA LABORAL
Ha enlazado este argumento con su respuesta a otra pregunta sobre el veto, denunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de la llegada al Consejo de Ministros del acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que posteriormente ha desmentido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
«Hay una discrepancia en el Gobierno entre ministerios que para nosotros es muy difícil de entender, porque lo primero que hacemos cuando tomamos alguna decisión es acordar con los agentes sociales, y siempre hemos dicho que hay avances que se tienen que producir y que son buenos que se produzcan y más cuando son buenos para los trabajadores y las trabajadoras de este país, pero que se tienen que hacer de una manera dialogada, acordada, con sindicatos, con empresarios y hablar hasta la extenuación, hasta llegar a un acuerdo», ha subrayado la portavoz castellanomanchega.
A su juicio, esas discrepancias «no ayudan ni a la toma de decisiones ni a los beneficiarios finales, que en este caso son los trabajadores, trabajadoras y las propias empresas. Hay que conseguir avances, pero hay que hacerlo de una manera dialogada y acordada», ha recalcado.