El Gobierno de España está a punto de intentar nuevamente la aprobación parlamentaria de la senda de déficit y estabilidad, un paso esencial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Este proceso depende del apoyo del partido Junts y se da en un contexto donde el poder de veto del Senado sobre lo que se conocía como techo de gasto ha sido reducido a la mínima expresión.
Consejo de Ministros aprobará la senda de estabilidad
Este martes, el Ejecutivo tiene planificado aprobar en el Consejo de Ministros la senda de estabilidad, que proporciona una guía en cuestiones de deuda y déficit para la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y la Seguridad Social.
Propuesta del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, ha presentado a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, una propuesta que permite incurrir en un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) durante los próximos tres años. Esto se traduce en un margen fiscal aproximado de 5.485 millones de euros.
Intentos anteriores para los PGE de 2024 y 2025
Con este nuevo planteamiento, el Gobierno comenzará la tramitación parlamentaria de la senda de déficit por quinta vez desde el inicio de la legislatura. A principios de 2024, el Ejecutivo logró la aprobación de la senda en el Congreso, pero en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se rechazó, obligando a reiniciar el proceso desde el Consejo de Ministros.
En aquel entonces, la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorgaba al Senado un poder de veto irrevocable. Si este órgano rechazaba la senda de déficit, el Gobierno debía comenzar todo el trámite de nuevo.
Anulación del veto del Senado
Para sortear esta limitación, el Gobierno introdujo una enmienda en la Ley de Paridad que eliminaba la capacidad de veto del Senado. De este modo, si la senda era rechazada, tendría que volver al Congreso y podría ser aprobada con mayoría simple.
Mientras se tramitaba esta enmienda, que finalmente entró en vigor en agosto, el Gobierno llevó nuevamente la senda de déficit al Congreso, esta vez enfocándose en los Presupuestos de 2025, tras desistir de los del año anterior debido al clima electoral en Cataluña.
El Congreso rechaza la senda nuevamente
El tercer intento de aprobación fracasó en el Congreso, ya que el PP, Vox y Junts se unieron en su rechazo a la propuesta. Sin desanimarse, el Gobierno reanudó la tramitación de la senda de estabilidad, esperando que, tras las elecciones catalanas, el ambiente político se calmara y las negociaciones fueran más fluidas.
El cuarto debate sobre la senda de déficit estaba programado para septiembre de 2024, una vez finalizadas las elecciones en Cataluña, pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió retirarlo del orden del día debido a la falta de apoyos y a la amenaza de Junts de votar en contra.
Presupuestos en vigor y futuros planes
Así las cosas, los Presupuestos actualmente en vigor son los de 2023, aprobados en la legislatura anterior con el apoyo de partidos que ya no están representados, como Ciudadanos, el PRC, la CUP y Foro Asturias.
A pesar de estos obstáculos, el Gobierno planea presentar unos nuevos Presupuestos para 2026, pero primero debe asegurar la aprobación de la senda de estabilidad en un contexto adverso. Junts ha anunciado su intención de bloquear la acción legislativa del Ejecutivo al considerar que ha incumplido los acuerdos de investidura.
Posibilidades de aprobación según el voto de Junts
Si Junts se alinea con el rechazo de PP y Vox en el Congreso, no habrá techo de gasto. Sin embargo, si los de Carles Puigdemont optan por la abstención, similar a lo que ocurrió con la votación para derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares, y el resto de socios de investidura apoyan la senda, el Gobierno podría contar con más votos afirmativos que negativos.
Posteriormente, la propuesta pasaría al Senado, donde la derrota parece inevitable debido a la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, la posición de la Cámara Alta no será definitiva, ya que el cambio en la Ley Presupuestaria del año anterior ya está en vigor.