El debate sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha llegado al Congreso de los Diputados, tras su aprobación en las Cortes regionales. Este trámite en la Cámara Baja se produce casi doce años después de la última reforma, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2013, y que fue la cuarta modificación desde la creación del Estatuto en 1991, con reformas adicionales en 1994 y 1997.
Un debate polarizado en el Congreso
El debate no estuvo exento de controversias. La propuesta del Gobierno de María Dolores de Cospedal fue defendida por un Partido Popular que contaba con mayoría absoluta en el Congreso, mientras que el PSOE se opuso frontalmente. También se manifestaron en contra las fuerzas minoritarias, como Izquierda Unida y UPyD, mientras que las fuerzas nacionalistas se abstuvieron.
Defensa de la reforma por parte del alcalde de Ciudad Real
Francisco Cañizares, actual alcalde de Ciudad Real y representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, fue el encargado de defender el proyecto. Desde el inicio de su intervención, dejó claro que no se consideraba esta reforma como un cambio significativo. «No se trata de una propuesta de reforma del Estatuto al uso», enfatizó Cañizares. «No traemos hoy a este Congreso de los Diputados una reforma que implique una modificación sustancial de la relación de Castilla-La Mancha con el Estado. No implica, por supuesto, ninguna competencia nueva ni distinta a las existentes», argumentó.
Cañizares describió la modificación que pasaba de una horquilla de 47 a 59 diputados a una de 25 a 35, como una medida necesaria para «racionalizar un sistema autonómico que, tras los años de crisis que ha padecido nuestro país, debemos afrontar con decisión». Además, destacó la difícil situación presupuestaria de la región en ese momento, defendiendo la gestión del Gobierno de Cospedal y afirmando que la opinión pública apoyaba la reducción del número de diputados en «un 94%».
Reacciones del PSOE ante la reforma
Por su parte, el Partido Socialista se posicionó como la principal fuerza opositora, argumentando que no había consenso en la promoción del proyecto y cuestionando la necesidad de modificar el número de representantes legislativos. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, señaló que la reforma estaba impulsada por «un interés fraudulento, partidista», buscando utilizar la reforma de una norma fundamental para alterar la ley electoral.
Rodríguez criticó que solo 25 de los 49 diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha apoyaran el proyecto, lo que estaba lejos del «más absoluto consenso» necesario para modificar una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad democrática. «Este 51% solo representa a un partido político que quiere utilizar la reforma para sus intereses electorales», afirmó.
Además, cuestionó los argumentos de racionalización de las administraciones, recordando que un año antes el PP había promovido una reforma para aumentar el número de parlamentarios. «Si no tenía coste ampliarlo, ¿cómo van a ahorrar ustedes ahora disminuyendo el número?», planteó Rodríguez.
Críticas de la oposición minoritaria
La oposición minoritaria de aquella época, representada por IU y UPyD, también se opuso a la reforma, argumentando que suponía un ataque a los principios democráticos. Cayo Lara, portavoz de la Izquierda Plural y entonces coordinador general de IU, destacó que la reforma se había promovido «aprovechando el clima político actual».