El debate sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha llegado al Congreso de los Diputados, tras su reciente aprobación en las Cortes regionales. Este trámite en la Cámara Baja nacional recuerda al debate del Estatuto de 2014, que se inició hace casi doce años, el 19 de noviembre de 2013. Esta fue la cuarta reforma del texto autonómico, luego de las realizadas en 1991, 1994 y 1997.
Un debate polémico en el Congreso
El debate en el Congreso no estuvo exento de controversias. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara, defendió el proyecto presentado por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, mientras que el PSOE se opuso de manera frontal. También se manifestaron en contra las fuerzas minoritarias representadas por Izquierda Unida y UPyD, mientras que los partidos nacionalistas optaron por la abstención.
Defensa del proyecto por parte de Cañizares
Francisco Cañizares, actual alcalde de Ciudad Real, fue el encargado de presentar y defender el proyecto en representación de las Cortes de Castilla-La Mancha. Desde el inicio de su intervención, Cañizares dejó claro que no consideraban esta iniciativa como una reforma de gran envergadura. “No se trata de una propuesta de reforma del Estatuto al uso”, afirmó, añadiendo que no se proponían modificaciones sustanciales en la relación de Castilla-La Mancha con el Estado. “No implica, por supuesto, ninguna competencia nueva ni distinta a las existentes”, argumentó.
El entonces diputado autonómico del PP explicó que la modificación, que redujo el número de diputados de una horquilla de 47 a 59 a una de 25 a 35, respondía a la necesidad de “racionalizar un sistema autonómico que, tras años de crisis, debe ser afrontado con decisión”. Cañizares también resaltó la difícil situación presupuestaria de la región en ese momento, defendiendo la gestión del Gobierno de Cospedal y justificando la reforma con el respaldo de la opinión pública, que, según sus palabras, apoyaba la reducción del número de diputados en un “94%”.
La crítica del PSOE
El PSOE se presentó como la principal fuerza opositora, cuestionando tanto la forma como el fondo del proyecto. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, argumentó que la reforma respondía a “un interés fraudulento, partidista”, y utilizaba de manera instrumental la modificación de una norma fundamental para alterar la ley electoral. Rodríguez destacó que solo 25 de los 49 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha respaldaron la propuesta, lo que estaba muy lejos del “consenso absoluto” necesario para cambiar una norma que forma parte del bloque de Constitucionalidad democrática. “Este 51% representa solo a un partido político que quiere utilizar de forma burda el resultado de esta reforma para sus intereses electorales”, apuntó.
Además, la diputada socialista rechazó los argumentos de racionalización de las administraciones, recordando que un año antes el PP había promovido una reforma de la Ley Electoral para aumentar el número de parlamentarios. “Si no tenía coste ampliarlo, ¿cómo van a ahorrar ustedes ahora disminuyendo el número?”, cuestionó. Rodríguez también acusó a la reforma de tener como objetivo suprimir el control parlamentario, alertando sobre el riesgo de utilizar la democracia para debilitarla.
Oposición de Izquierda Unida y UPyD
Las fuerzas minoritarias de Izquierda Unida y UPyD también expresaron su rechazo a la reforma, argumentando que esta suponía un daño a los principios democráticos. Cayo Lara, portavoz de la Izquierda Plural y coordinador general de IU, criticó que la reforma se había promovido “aprovechando el clima político” de la época, señalando su preocupación por el impacto que tendría en la democracia en Castilla-La Mancha.