El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona ha emitido una sentencia innovadora que reconoce el derecho de un trabajador público a disfrutar de un permiso parental de ocho semanas retribuido, en línea con la Directiva Europea 2019/1158 sobre conciliación laboral y familiar. Esta normativa, aunque pendiente de ser traspuesta íntegramente por el Estado español, ha sido clave para este fallo, considerado un hito en materia de derechos laborales.

La resolución beneficia a un empleado público del Ayuntamiento de Barcelona, cuya defensa estuvo a cargo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en el ámbito de las administraciones públicas y con creciente representación en el sector privado.

El conflicto judicial

El trabajador solicitó el permiso parental retribuido para cuidar a su hijo menor de ocho años y lo utilizó entre octubre y diciembre de 2023. Inicialmente, el Ayuntamiento aprobó la retribución, pero posteriormente reconsideró su decisión y declaró el permiso como no retribuido, lo que motivó la reclamación judicial.

En su fallo, la jueza subrayó que la normativa europea es vinculante y otorga derechos claros y precisos a los ciudadanos, destacando que España no ha cumplido con la trasposición completa de la directiva en el plazo establecido. Según la sentencia, el Estado no puede limitar derechos reconocidos por la normativa comunitaria.

Incompleta trasposición y expediente a España

El 27 de junio de 2023, el Gobierno aprobó un decreto sobre esta materia, pero excluyó expresamente el carácter retributivo del permiso parental. Ante esta situación, CSIF solicitó al Ejecutivo instrucciones claras para garantizar la retribución del permiso tanto en el sector público como en el privado.

La falta de cumplimiento de la directiva llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente a España tras una denuncia del sindicato. Este procedimiento podría derivar en sanciones al país si no se subsanan las deficiencias.

Impacto de la sentencia

CSIF celebró este fallo, a pesar de encontrarse aún en primera instancia, y anunció su intención de impulsar demandas similares en otras comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha. Su objetivo es lograr una jurisprudencia que refuerce el derecho al permiso parental retribuido en todo el país.

El sindicato también instó al Gobierno a implementar sin demora la directiva europea con carácter retributivo. Según CSIF, resulta contradictorio que un Ejecutivo que aboga por los derechos laborales limite un permiso tan esencial para la conciliación familiar.

Esta sentencia marca un precedente que podría transformar la regulación del permiso parental en España, ampliando los derechos de los trabajadores y alineando la legislación nacional con los estándares europeos.