Este miércoles, los consejeros autonómicos que asistieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a excepción de Cataluña, expresaron su rotundo rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los representantes autonómicos argumentaron que este modelo está «viciado» debido al pacto previo entre el Gobierno y ERC, y no dudaron en advertir que podrían llevarlo ante la Justicia.
Rechazo unánime de las comunidades autónomas
Las declaraciones de los consejeros llegaron tras más de cuatro horas de reunión, en la que, según indicaron, Montero repitió lo que había comunicado en la rueda de prensa del pasado viernes. «Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación», afirmó Luis Alberto Marín, consejero de Murcia.
El rechazo al nuevo modelo fue manifestado de manera unánime por las once comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Canarias y las dos comunidades socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias. Todos coincidieron en que el modelo estaba «precocinado» debido al acuerdo entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Voluntariedad y reuniones bilaterales
Durante la reunión, Montero destacó que la adhesión al nuevo modelo de financiación sería voluntaria y que planea mantener reuniones bilaterales con las comunidades. Sin embargo, se encontró con un rechazo claro de todas las administraciones de régimen común, salvo Cataluña.
Peticiones a la ministra de Hacienda
Marín reveló que las comunidades solicitaron a Montero que «recapacite» y retome un enfoque multilateral. «Si todos van en una dirección y ella en otra, probablemente la que esté equivocada sea ella», agregó. Por su parte, la consejera madrileña Rocío Albert también expresó su desacuerdo con el modelo, rechazando el sistema anterior de financiación y exigiendo una propuesta que no dependa de decisiones tomadas por Junqueras.
Al ser consultada sobre la posibilidad de llevar este nuevo modelo al Tribunal Constitucional si se aprueba, Albert respondió que no contemplan esa opción, aunque están dispuestos a utilizar «todos los recursos legales» disponibles.
Críticas desde el PSOE
Desde el PSOE, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Castilla-La Mancha, denunció que el Gobierno está intentando imponer un «chantaje» por parte de los independentistas hacia las comunidades autónomas. Criticó la idea de que el modelo sea voluntario, señalando que la propuesta implica que aceptar el modelo significaría recibir 1.248 millones más, mientras que rechazarlo significaría perder esos fondos.
Además, expresó que las reuniones bilaterales solo buscan dar la apariencia de multilateralidad, mientras que el modelo presentado ha sido fruto de negociaciones bilaterales con ERC.
Descontento generalizado entre las comunidades
La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, manifestó su descontento con las formas del Gobierno central y se opuso a un acuerdo que calificó de «plato precocinado», solicitando una negociación equitativa con todas las comunidades autónomas.
Por su parte, el consejero gallego Miguel Corgos lamentó que el modelo haya sido elaborado «a espaldas» de las comunidades y se mostró dispuesto a colaborar en la creación de un nuevo modelo entre todos los territorios. Corgos expresó su decepción tras la reunión y señaló que la financiación propuesta para Galicia es «funesta», ya que la coloca muy por debajo de la media, lo cual es inaceptable para cubrir los costos de Sanidad y dependencia.
Finalmente, la consejera extremeña Elena Manzano criticó la «ausencia de respeto institucional» de la ministra durante el encuentro, sugiriendo que Montero busca mantener a Sánchez en el poder. Además, insinuó que el aumento de financiación para Andalucía podría estar relacionado con su aspiración de convertirse en presidenta de esa autonomía.