El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su firme rechazo al reciente trasvase de 120 hectómetros cúbicos (hm3) de agua del río Tajo al Segura, programado para los meses de junio y julio. Además, se está considerando la posibilidad de presentar un recurso contra esta decisión.

Reacciones del Gobierno regional

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, abordó este tema durante una rueda de prensa, donde enfatizó que este trasvase es resultado de la permisividad del Gobierno de España en relación al «incumplimiento de las leyes que estipulan la necesidad de cambiar las reglas de explotación y de las sentencias del Tribunal Supremo».

Acusaciones al Gobierno de España

Padilla criticó la gestión del agua, señalando que el Gobierno permite que se «perpetúe el trasvase y un sistema de uso del agua que es insostenible». En su declaración, subrayó que «para cumplir las sentencias y la ley, no se requieren mayorías parlamentarias. Es una cuestión de voluntad y de querer cumplir la ley». La portavoz manifestó que el tiempo para actuar se está agotando y que se ha solicitado este cambio de manera reiterada.

Demanda en la Audiencia Nacional

En relación a la demanda presentada por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante la Audiencia Nacional contra el Estado, Padilla aseguró que esta seguirá su curso mientras «no se modifiquen las reglas de explotación». Aclaró que si el Gobierno decide realizar cambios en estas reglas, se retirará el recurso. Sin embargo, como hasta ahora no se han llevado a cabo modificaciones, el proceso continuará, y serán los tiempos judiciales los que determinen su evolución.