Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han convocado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a salir a las calles este jueves, 30 de octubre, para defender las condiciones laborales de los empleados públicos, quienes se sienten menospreciados por el Gobierno central. Esta problemática afecta a más de 130.000 trabajadores en la región.
Movilizaciones en las capitales de provincia
La coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Carmen Juste; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy; y la secretaria general de Acción Sindical de CSIF, Marisa García, realizaron este martes una rueda de prensa para dar a conocer esta convocatoria. Las movilizaciones están programadas para las 12.00 horas frente a las subdelegaciones del Gobierno en las cinco capitales de provincia.
Posibilidad de huelga en diciembre
Los sindicatos no descartan que estas protestas puedan llevar a una huelga en diciembre. Desde las organizaciones han instado a todos los empleados públicos y a la ciudadanía a unirse, argumentando que la calidad del servicio público está en riesgo y es fundamental defender el Estado del Bienestar.
Deterioro de los servicios públicos
Los representantes sindicales han criticado al Ministerio de Administraciones Públicas por lo que consideran un «importante deterioro de los servicios públicos», atribuido a la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación de los trabajadores debido a sus condiciones laborales. Todo esto ha sido agravado por la falta de negociación por parte del Gobierno central.
Hasta octubre de este año, el Estado adeuda a los empleados públicos de Castilla-La Mancha un total de 86,8 millones de euros debido a la falta de un acuerdo salarial para 2025. Además, desde 2012 se han perdido cerca de 3.000 puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Comunidades.
Condiciones laborales en comparación
Los sindicatos han señalado que los empleados públicos que dependen de la Junta de Comunidades tienen condiciones laborales mucho más favorables en comparación con aquellos que trabajan para la Administración central.
Reclamaciones salariales
Carmen Juste, representante de CCOO, ha señalado que el Ministerio debería haber iniciado la negociación sobre el incremento salarial para 2025, que tendría repercusiones en las comunidades autónomas y administraciones locales. Juste ha pedido que, al menos, se igualen los aumentos salariales del sector privado, que oscilan entre el 3,5% y el 4% desde 2026 hasta 2028, considerando que los empleados públicos han sufrido una notable pérdida de poder adquisitivo en más de 20 años.
De los 130.000 empleados públicos en Castilla-La Mancha, más de 6.000 pertenecen a la Administración General del Estado, alrededor de 1.800 a la justicia, más de 90.000 al sector autonómico y más de 31.000 a la administración local.
Acorde con la modernización
En 2022, el Ministerio de Administraciones Públicas firmó un acuerdo con los sindicatos que aún no se ha cumplido, el cual incluye la creación del Grupo B para actualizar cuerpos y escalas en las administraciones públicas, así como mejorar la jubilación parcial del personal funcionario y la carrera profesional.
Críticas al acceso y digitalización en el empleo público
Carmen Campoy ha exigido al Gobierno central que convoque urgentemente las mesas de negociación para discutir la subida salarial y ha subrayado la necesidad de contar con «empleo público suficiente», eliminando la tasa de reposición que perpetúa la temporalidad. Campoy ha calificado el acceso al empleo público de «anacrónico» y ha pedido procesos más ágiles, señalando que «entrar hoy en la administración pública es como mover un elefante enfermo».
Además, ha criticado la falta de aplicación efectiva del proceso de digitalización, argumentando que no se conocen los perfiles necesarios para modernizar la administración del siglo XXI y que la externalización de servicios, que representa el 24,5% del gasto público, es un tema preocupante.
Denuncias sobre el trato a los empleados
Por su parte, la representante de CSIF ha expresado un rotundo «basta ya» ante el «maltrato» que sufren los empleados públicos por parte de la Administración central, señalando que solo se les reconoce su labor en situaciones excepcionales como la pandemia. Ha denunciado la contradicción de que el Gobierno exija mejoras para los empleados del sector privado mientras no ofrece condiciones similares a sus propios trabajadores.
Ante esta situación, ha instado al Gobierno central a que «deje atrás su falta de consideración hacia los empleados públicos».