El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha firmado un nuevo acuerdo con la Fiscalía Superior de la comunidad, que busca mejorar la comunicación sobre accidentes laborales y aumentar la coordinación entre ambas instituciones. Este compromiso, que se establece tras el anterior convenio suscrito en 2007, incluye diversas medidas para optimizar la respuesta ante la siniestralidad laboral.
Nuevas medidas para la agilidad en la comunicación
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, han destacado la importancia de mejorar las cifras de siniestralidad en la región. Fernández ha hecho hincapié en que no se puede estar satisfecho con la situación actual.
Una de las principales novedades del acuerdo es el establecimiento de un plazo de 48 horas para comunicar un accidente mortal desde el sistema Delta del Ministerio de Trabajo a la Fiscalía. Este cambio busca asegurar una mayor agilidad e inmediatez en el intercambio de información.
Colaboración coordinada entre agentes
Además, se implementará un «expediente único y compartido» que permitirá a todos los agentes involucrados en un accidente laboral trabajar de forma más coordinada. Franco ha explicado que esta iniciativa facilitará la colaboración entre los técnicos de prevención de la Administración regional, la Inspección de Trabajo y los fiscales especializados.
Otra de las medidas adoptadas es la designación de un técnico de seguridad y salud laboral como enlace por provincias, que contribuirá a mejorar la comunicación y la coordinación en la prevención de riesgos laborales.
Avances en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales
Este acuerdo se inscribe dentro del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene vigencia hasta finales de este año y que ha iniciado el 85% de sus medidas, lo que equivale a 94 de las 111 programadas. Franco ha anunciado que el Gobierno regional, en colaboración con los agentes sociales, trabajará en un nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el próximo año.
La consejera también ha destacado el esfuerzo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, subrayando que en este año se han programado más de 32.000 acciones conjuntas, de las cuales una de cada tres se dirige a la seguridad laboral. Las órdenes de servicio en este ámbito han sido más de 10.000, representando la mayor parte de la programación, que destina el 25% de sus acciones a la Seguridad Social, un 24% a la economía regular y un 17% a las relaciones laborales y empleo.
Reducción en el índice de siniestralidad
Franco ha mencionado también una reducción del 6% en el índice de incidencia de accidentes laborales el año pasado, así como un descenso del 12,8% en el número de accidentes con baja en lo que va de año. No obstante, ha enfatizado la necesidad de seguir reforzando la vigilancia y la prevención para disminuir tanto los accidentes mortales como los graves, y ha expresado la intención de trabajar con la DGT para reducir los accidentes in itinere en Castilla-La Mancha.
Demandas del fiscal superior
Por su parte, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha insistido en la urgente necesidad de mejorar las cifras de siniestralidad laboral, enfatizando que la región se encuentra «a la cabeza» de los accidentes laborales en el país, con un registro de 48 accidentes mortales en 2025, diez menos que en el año anterior. Esto implica que, en promedio, un trabajador pierde la vida por accidente laboral «cada siete días y medio».
Fernández ha expresado su preocupación porque muchas actas administrativas de la Inspección de Trabajo no llegan a la Fiscalía, lo que dificulta la labor de seguimiento de las infracciones graves establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales. En 2025, ha señalado, no han sido muchas las actas recibidas, por lo que ha hecho un llamado a que esta situación cambie.
Finalmente, el fiscal ha mencionado que es crucial que la Junta esté al tanto de lo que ocurre en el ámbito judicial respecto a estos temas, ya que hay fallos en la comunicación que afectan la eficacia en el tratamiento de la siniestralidad laboral.