El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su desacuerdo con la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, al considerar que «condena a la región a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas». Este planteamiento, según han expresado, se basa en «una metodología de cómo trocear la riqueza nacional entre todos los territorios», en lugar de atender a un modelo que «tienda a sufragar los costes reales» que implica para las comunidades autónomas la prestación de sus servicios.

Críticas del consejero de Hacienda

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha señalado que, con la información actual, Castilla-La Mancha seguirá siendo financiada por debajo de la media. «Si ya habíamos sido condenadas por el anterior modelo, la información de la que disponemos en este momento confirma que la situación no cambiará», aseguró Ruiz Molina en una reciente nota de prensa de la Junta.

Desigualdad entre comunidades autónomas

El consejero ha resaltado que, bajo esta nueva propuesta de financiación, comunidades como Cataluña podrían beneficiarse significativamente, «a costa del resto de las regiones». Esta afirmación se basa en la valoración realizada por el Ejecutivo autonómico, que se fundamenta en la información de los dosieres de prensa y la intervención pública de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la falta de datos detallados y oficiales por parte del Ministerio.

Negociación con Cataluña

Ruiz Molina ha subrayado que el modelo de financiación se ha acordado únicamente con los independentistas catalanes, quienes han tenido la oportunidad de negociar directamente con el Ministerio. Esto, según él, plantea que «si es un modelo que se ha negociado con una sola Comunidad Autónoma, no va a responder al interés general, sino que satisface los intereses de esa región».

Propuestas de Castilla-La Mancha

El consejero ha expresado que, si el modelo se hubiera discutido exclusivamente con Castilla-La Mancha, se habrían presentado todas las propuestas y demandas que la región ha transmitido al Ministerio a lo largo del tiempo. «Me parece que es un modelo regresivo, en tanto en cuanto consagra el principio de ordinalidad que defendía Cataluña», argumentó, explicando que «aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a más recursos y, por tanto, pueden prestar los servicios en mejores condiciones que las demás».

Reducción de solidaridad interregional

Ruiz Molina también ha advertido que, tal como se ha diseñado el modelo, hay «una reducción de la solidaridad interregional» y se otorga más financiación a aquellos territorios con una renta per cápita mayor. Esto contraviene el principio de igualdad que debería garantizar que «todas las comunidades autónomas podamos prestar, en condiciones de igualdad, los servicios públicos de nuestra competencia», independientemente de «la capacidad económica de los ciudadanos o del territorio en el que se resida».

En conclusión, el consejero ha calificado este modelo de «claramente regresivo», enfatizando la necesidad de ajustar la financiación para asegurar un trato equitativo entre todas las comunidades autónomas.