La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera «insuficiente» la financiación ofrecida por el Gobierno de la nación para atender «en condiciones dignas» a los 692 menores de edad extranjeros no acompañados asignados por el Ejecutivo central a la región en el Real Decreto aprobado este miércoles.

A preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, la consejera ha recordado que el decreto de reparto ya fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, ya que el modelo de acogida de Castilla-La Mancha «responde a unas condiciones de dignidad que no pueden cumplirse con los modelos de masificación».

Consecuentemente, ha vuelto a pedir es «financiación suficiente» para poder dar respuesta a esa acogida en condiciones «dignas y humanitarias» en línea con el compromiso de solidaridad de Castilla-La Mancha.

De hecho ha recordado que el pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social trasladó al Gobierno de Canarias la disponibilidad de 10 plazas libres para acoger a niños y niñas, «y se hizo de manera voluntaria en cuanto se detectó que había plazas suficientes».

En este contexto, Padilla ha recalcado que «si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo», y se ha mostrado convencida de que este posicionamiento es compartido por el conjunto del Gobierno de la nación, «ya que el Ministerio de Seguridad Social dijo que, dentro de la capacidad que tiene en sus centros, no podía acoger a los 1.000 menores previstos».

«Esos menores necesitan de acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras, lo que supone un coste que está muy encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno, y supone además un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora», ha concluido.