El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, subrayando que la región ha sido «solidaria» con el trasvase Tajo-Segura durante 47 años, con un total de 15.148 hectómetros cúbicos trasvasados. Esta cantidad, según la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, habría sido suficiente para abastecer a toda España durante seis años.
Respuesta a las críticas de Francisco Lucas
Padilla ha calificado de «descabellado» que se hable de falta de solidaridad, enfatizando la necesidad de utilizar un lenguaje «correcto y respetuoso». Sus declaraciones se producen en respuesta a las críticas del delegado del Gobierno murciano, quien había cuestionado al presidente regional, Emiliano García-Page, por exigir solidaridad territorial mientras se opone al trasvase de agua.
Defensa del principio de desarrollo equitativo
La portavoz ha defendido que la demanda del Gobierno castellanomanchego no es una cuestión de hipocresía, sino un principio fundamental: «El desarrollo de una comunidad autónoma no puede depender sistemáticamente de perjudicar a otra». Esta declaración subraya la postura de la región frente a las demandas de Levante y, en particular, del delegado del Gobierno en Murcia.
Además, Padilla ha resaltado que el núcleo de esta acción legal contra el Ejecutivo central radica en el incumplimiento de los caudales ecológicos establecidos por la ley y las sentencias del Tribunal Supremo. «Esto no es un debate político, sino una obligación legal y medioambiental», ha afirmado, dirigiéndose a Lucas.
Silencio del Gobierno de España y relaciones institucionales
En relación con el recurso contencioso-administrativo que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de nuevas reglas para el trasvase Tajo-Segura, Padilla ha manifestado que las relaciones institucionales con el Gobierno central «son las que son porque hay una parte que no responde».
Críticas a la vicepresidenta y falta de comunicación
La portavoz ha criticado la falta de comunicación entre el Gobierno central y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. «La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se ha sentado con el presidente de una comunidad autónoma de su mismo partido desde que llegó al cargo», ha señalado, añadiendo que la decisión de recurrir no ha sido fácil, pero necesaria debido a la falta de señales de diálogo.
Padilla ha lamentado que cuando se envían cartas o se realizan llamadas, lo lógico es recibir una respuesta. Aseguró que, si el Ejecutivo central decide modificar las reglas de explotación para cumplir con la ley y el fallo del Tribunal Supremo, el Gobierno castellanomanchego retirará el recurso.
Críticas al Partido Popular
Por último, la portavoz del Gobierno ha aprovechado la ocasión para criticar la posición ambigua del Partido Popular de Castilla-La Mancha en temas relacionados con el agua. Recordó que Lucas Torres, uno de los líderes del PP en la región, había expresado apoyo al recurso presentado por el Gobierno, mientras que Carolina Agudo, otra figura del partido, lo había descalificado como un «brindis al sol».
Padilla concluyó señalando que, de gobernar el PP en España, se habrían realizado más trasvases y se habría mantenido el «memorándum de la vergüenza», reafirmando que el PP de Castilla-La Mancha nunca se ha enfrentado a sus líderes en Madrid.