Canarias, Madrid, Baleares y Cataluña son las comunidades autónomas que lideran el proceso de privatización de la sanidad en España, según se detalla en el 11º Informe sobre la Privatización Sanitaria de las CCAA, publicado este jueves por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Un crecimiento preocupante de la privatización

En la presentación del informe, que se elabora desde 2014, el secretario de organización de la FADSP, Sergio Fernández, expresó su preocupación por el aumento constante de la privatización, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios. «Esto afecta de manera directa a la equidad, a la calidad y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud», afirmó.

El estudio, que analiza la evolución de la privatización sanitaria en cada comunidad autónoma a través de una decena de indicadores, revela un incremento del 31 por ciento en este proceso. Desde un indicador global de 16 puntos en 2014, se ha llegado a 21,3 puntos en 2025, sobre un máximo posible de 34 puntos.

Diferencias regionales en la privatización

A pesar de las variaciones entre comunidades, Fernández subrayó que «ninguna, absolutamente ninguna, se libra del problema», observándose una «tendencia común» hacia el desvío creciente de recursos públicos al sector privado. En la clasificación más reciente, Canarias y Madrid lideran con 28 puntos, seguidas de Baleares (27) y Cataluña (26). La Comunidad Valenciana también se sitúa en 26 puntos, mientras que Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia (19), La Rioja (19), Castilla y León (18), Murcia (18) y País Vasco (18) muestran una velocidad intermedia de privatización. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cantabria tienen los índices más bajos, con 18 y 14 puntos respectivamente.

Madrid, Cataluña y Baleares: un liderazgo persistente

Fernández lamentó que Madrid se mantenga a la cabeza de la privatización desde el inicio del informe, un patrón que también se ha observado en Cataluña y Baleares, aunque con algunos cambios en la posición. «Madrid representa el ejemplo más extremo y persistente de las políticas privatizadoras en España, trayendo consigo un incremento de las desigualdades, más gasto de bolsillo para la ciudadanía y una dificultad mayor para acceder a la atención sanitaria pública», explicó.

La privatización: una cuestión de políticas

El secretario de organización de la FADSP enfatizó que la privatización «no es un fenómeno inevitable». «Son el resultado de políticas concretas que condicionan el derecho a la salud y generan desigualdades entre territorios y personas», subrayó Fernández.

Aumento notable en comunidades específicas

José Manuel Aranda, autor del informe, destacó las diferencias entre territorios y mencionó un incremento «muy llamativo» en comunidades que anteriormente no presentaban altos niveles de privatización, como Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. Según el informe, Andalucía ha visto un aumento de más del 32 por ciento desde 2019, mientras que el incremento en Canarias es del 32,3 por ciento y en la Comunidad Valenciana del 29,4 por ciento. Extremadura, que en informes anteriores tenía uno de los menores grados de privatización, también ha acelerado su proceso con un 32,3 por ciento.

Aranda cuestionó la justificación de los políticos que promueven la privatización: «Dicen que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para atender las demandas, pero creemos que podrían ser suficientes si contaran con la financiación adecuada». Además, criticó la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta un análisis exhaustivo del fenómeno de la privatización. El informe se basa en datos del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, el Barómetro Sanitario y el IDIS.

Consecuencias de la privatización

Aranda concluyó advirtiendo que la privatización «destruye el sistema sanitario público, no solo por falta de recursos, sino también por el abandono de las estructuras de gestión», lo que conlleva consecuencias como el aumento de la mortalidad general y el incremento de las desigualdades en salud.